Durante mucho tiempo determinados círculos de opinión afirmaron que nuestro gobierno había actuado con falta de autoridad ante los conflictos sociales, las marchas y los bloqueos (propiciados por el actual Presidente, por si alguien lo ha olvidado), y que mi renuncia de junio en ese contexto, mostró falta de valor (para decirlo elegantemente).
Hoy, la reivindicación de los DDHH como algo fundamental que debe ser respetado en cualquier sociedad civilizada, vuelve por sus fueros después de casi seis años en que el país ha vivido situaciones de extrema violencia y ha sufrido la pérdida de más de 50 vidas en conflictos sociales. Las acciones represivas contra la marcha indígena en defensa del Tipnis, que afortunadamente no cobró la vida de ningún compatriota, ha sido la gota que rebalsó el vaso y ha puesto en la picota al Gobierno y su forma de actuar ante diversas movilizaciones sociales.
Finalmente, se puede entender mejor nuestra tesis de ordenar a la Policía sólo acciones de espera y contención. Se puede apreciar también la trascendencia de evitar a toda costa la decisión de obligar a las FFAA a salir a la calle “para reponer el orden constitucional”, aún con la certeza de que, sea por acción espontánea o por una provocación fríamente calculada, había alto riesgo de cobrar la vida de uno o varios bolivianos. Ése y no otro fue el imperativo ético que escogí para dar un paso al costado.
Esa decisión marcó una línea de conducta y significó asumir una responsabilidad directa e intransferible, la que tiene el Presidente de la República ante el país, sin matices, cargando las consecuencias de tal acción. ¿Cuál era el objetivo? Garantizar la paz que, dadas las circunstancias era prácticamente imposible de mantener en nuestra gestión ante presiones de todos los ámbitos, tanto de la derecha como de la izquierda, creyendo todos que tenían garantizado un triunfo electoral en el corto plazo con el “plus” de sacarnos del escenario político. Para lograrlo, acompañamos mi renuncia con una acción que garantizó la sucesión constitucional que recayó en una persona que consiguió el bien por el que habíamos decidido renunciar, la preservación de la paz. Lograda esa transmisión de mando, no sin dificultades, pudimos dejar el gobierno con la conciencia tranquila.
Los sucesos en la marcha del Tipnis demuestran que la sociedad boliviana y la comunidad internacional, que ha expresado su inequívoca condena a la represión contra los indígenas, asumen que la violencia como arma para resolver conflictos y/o para acallar las voces de quienes piensan diferente, no es aceptable. El Gobierno, éste o a cualquiera que le suceda, deberá tomar debida nota de este nuevo escenario.
El Presidente debe además asumir la responsabilidad que le toca en lo que hizo. El sainete de pretender que el país crea que un subcomandante de Policía es quien ordenó la represión a la marcha, no sólo supone que los ciudadanos son tontos, sino que marca una falta de valentía del Primer Mandatario y sus colaboradores para reconocer lo obvio, que la crisis social más grave de toda su gestión, la decisión de que la Policía interviniese la tomó el Gobierno en sus más altas esferas. Conozco el tema directamente. El Presidente es informado por el Ministro de Gobierno en el caso de que deba tomarse una decisión que involucre una acción importante que pueda generar violencia.
El actual Presidente presentó cuando era opositor sendos pliegos acusatorios a la Fiscalía contra expresidentes y exautoridades del pasado. Todas sus acusaciones partían de la premisa de que cualquier acción punible realizada en una gestión gubernamental era responsabilidad directa de los mandatarios. ¿Cómo es posible pensar que en el Gobierno con mayor nivel de poder de las últimas décadas, con una actitud explícita del Presidente que actúa con la misma firmeza que lo hacía como dirigente sindical en tantos temas, que quien tomó la decisión más delicada de todo su mandato, por la naturaleza del tema indígena que está en juego, es un subcomandante de la Policía, funcionario que está jerárquicamente debajo del Comandante General de la Policía, del Viceministro de Gobierno, del Ministro de Gobierno y del Presidente del Estado? No está demás recordar el Art. 252 de la CPE: “Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o el Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno” ¿Cabe alguna duda?
Así como cosecha aplausos cuando se arroga la decisión de otorgar un bono a los más pobres, de igual modo debe afrontar los abucheos cuando se reprime injustamente una marcha de compatriotas. Así como se es el padre de los aciertos, se es el padre de los errores y eso implica algo muy simple pero muy fuerte, responsabilidad política. Si al presidente Morales no le tembló la mano para firmar acusaciones contra sus antecesores, no le debía temblar la voz para reconocer que su Gobierno y él mismo, son responsables de lo que ocurrió en la marcha del Tipnis el pasado 25 de septiembre.
El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/
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