Hace mucho que los indígenas yuracaré agonizan en el Chapare, en las narices de los dominios del máximo dirigente cocalero del país y presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Puñados de familias de esta etnia deambulan como zombis en el trópico cochabambino, afectados por la desnutrición y la tuberculosis. Los productores cocaleros les han invadido sus tierras, les han contaminado sus ríos y los traficantes de madera han cortado los árboles. Y sin árboles no hay qué cazar ni qué comer.
La única vez el Gobierno indigenista y protector de la Madre Tierra se acordó de los yucararé fue para usar su nombre para consolidar una impostura destinada a desestabilizar el gobierno departamental de Santa Cruz.
Hace mucho que los vecinos de los yuracaré del Chapare, los que habitan el parque Isiboro-Sécure vienen sufriendo el ataque de los mismos agentes destructivos de su hábitat y sus medios de supervivencia. Miles de hectáreas de esta inmensa y rica reserva natural han sido destruida por cocaleros y “cuartoneros”. Los dirigentes originarios del territorio denominado TIPNIS, están seguros que les ocurrirá lo mismo que a sus hermanos yuracaré y por eso se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, obra por la que el presidente Morales ha demostrado un gran empeño, pese a que no representa un gran impacto en la economía nacional, salvo su inmensa contribución a expandir los cultivos de coca ilegales y aumentar las exportaciones de cocaína.
Al presidente Morales no le importan las quejas de los indígenas y tampoco escucha a los ambientalistas -muchos de ellos aliados del “proceso de cambio”-, que han estado haciendo advertencias apocalípticas sobre las consecuencias que traerá para el país la destrucción de un ecosistema que resulta vital para el equilibrio ecológico de una gran parte del territorio nacional. El parque Isiboro-Sécure se encuentra en la zona de influencia de los parques Carrasco, Amboró y también la reserva forestal de El Choré, tres ecosistemas que son responsables de la regulación del clima y el aporte de humedad en el norte de Santa Cruz, parte del Chaco y la Chiquitania, la extensión más productiva del país, la que aporta el mayor volumen de alimentos (más del 60 por ciento del consumo nacional) y obviamente, constituye uno de los patrimonios más grandes de Bolivia.
En los últimos años se ha intensificado la invasión a los parques y las reservas mencionadas. En estos lugares se ha detectado el incremento de cultivos de coca y cada día se destruyen decenas de hectáreas de bosques. Lo mismo está sucediendo en el parque Isiboro-Sécure, donde se calcula al ritmo actual y gracias al impulso de la polémica carretera, en no más de una década habrá desaparecido el 70 por ciento de la selva que cubre a la superficie protegida de más de 12 mil kilómetros cuadrados.
Más allá del falso discurso ecologista de este Gobierno, más allá del cinismo con el que el régimen se escuda en el indigenismo y más allá, por supuesto de la inclinación natural que siente el presidente Morales por el gremio de los cocaleros, a los que pretende supuestamente favorecer con la carretera Villa Tunari-Moxos, más allá de todo esto, este Gobierno ha puesto a andar poderosas fuerzas destructivas de la estructura económica formal y legal del país, sin medir las consecuencias que puede tener esta política para los diez millones de bolivianos y las generaciones que vienen. El interés que muchos ven detrás de estas acciones aparentemente suicidas, es la consolidación de la narco-economía y la carretera en cuestión es una importante pieza de la nueva geopolítica cocalera.
La única vez el Gobierno indigenista y protector de la Madre Tierra se acordó de los yucararé fue para usar su nombre para consolidar una impostura destinada a desestabilizar el gobierno departamental de Santa Cruz.
Hace mucho que los vecinos de los yuracaré del Chapare, los que habitan el parque Isiboro-Sécure vienen sufriendo el ataque de los mismos agentes destructivos de su hábitat y sus medios de supervivencia. Miles de hectáreas de esta inmensa y rica reserva natural han sido destruida por cocaleros y “cuartoneros”. Los dirigentes originarios del territorio denominado TIPNIS, están seguros que les ocurrirá lo mismo que a sus hermanos yuracaré y por eso se oponen a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, obra por la que el presidente Morales ha demostrado un gran empeño, pese a que no representa un gran impacto en la economía nacional, salvo su inmensa contribución a expandir los cultivos de coca ilegales y aumentar las exportaciones de cocaína.
Al presidente Morales no le importan las quejas de los indígenas y tampoco escucha a los ambientalistas -muchos de ellos aliados del “proceso de cambio”-, que han estado haciendo advertencias apocalípticas sobre las consecuencias que traerá para el país la destrucción de un ecosistema que resulta vital para el equilibrio ecológico de una gran parte del territorio nacional. El parque Isiboro-Sécure se encuentra en la zona de influencia de los parques Carrasco, Amboró y también la reserva forestal de El Choré, tres ecosistemas que son responsables de la regulación del clima y el aporte de humedad en el norte de Santa Cruz, parte del Chaco y la Chiquitania, la extensión más productiva del país, la que aporta el mayor volumen de alimentos (más del 60 por ciento del consumo nacional) y obviamente, constituye uno de los patrimonios más grandes de Bolivia.
En los últimos años se ha intensificado la invasión a los parques y las reservas mencionadas. En estos lugares se ha detectado el incremento de cultivos de coca y cada día se destruyen decenas de hectáreas de bosques. Lo mismo está sucediendo en el parque Isiboro-Sécure, donde se calcula al ritmo actual y gracias al impulso de la polémica carretera, en no más de una década habrá desaparecido el 70 por ciento de la selva que cubre a la superficie protegida de más de 12 mil kilómetros cuadrados.
Más allá del falso discurso ecologista de este Gobierno, más allá del cinismo con el que el régimen se escuda en el indigenismo y más allá, por supuesto de la inclinación natural que siente el presidente Morales por el gremio de los cocaleros, a los que pretende supuestamente favorecer con la carretera Villa Tunari-Moxos, más allá de todo esto, este Gobierno ha puesto a andar poderosas fuerzas destructivas de la estructura económica formal y legal del país, sin medir las consecuencias que puede tener esta política para los diez millones de bolivianos y las generaciones que vienen. El interés que muchos ven detrás de estas acciones aparentemente suicidas, es la consolidación de la narco-economía y la carretera en cuestión es una importante pieza de la nueva geopolítica cocalera.
El Gobierno ha puesto a andar poderosas fuerzas destructivas de la estructura económica formal y legal del país, sin medir las consecuencias que puede tener esta política para los 10 millones de Bolivia.
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