Las instituciones abajo firmantes, entidades públicas y de la sociedad civil del Departamento de Santa Cruz, reunidas en el Salón Edmundo Salazar Terceros de la Honorable Brigada Parlamentaria Cruceña en fecha 24 de marzo de 2009, rechazamos enérgicamente el Proyecto de Ley Electoral Transitoria impulsado por el gobierno de Evo Morales Ayma, que es violatorio de su propio texto constitucional, por no ofrecer las mínimas garantías de transparencia en el ejercicio del voto y por vulnerar principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo, demandamos que ningún proceso electoral pueda llevarse a cabo sin cumplir con las siguientes condiciones:
NUEVO PADRÓN ELECTORAL
Bolivia no puede enfrentar nuevos procesos electorales con un Padrón viciado de irregularidades, que facilita el fraude y viola el derecho a la identidad de las personas, al permitir la doble votación. Por esto, planteamos la necesidad de contar con un nuevo Padrón Electoral creado a partir de un reempadronamiento general, con un documento único que incluya controles biométricos, de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea.
“UN CIUDADANO, UN VOTO”
Dada la antidemocrática desigualdad de derechos electorales entre los bolivianos que establece el Proyecto de Ley oficialista, al instituir una sobre representación de ciertas poblaciones en detrimento de otras, subrayamos el imperativo de respetar el principio de “un ciudadano, un voto”, como base de una representación proporcional que rija las asignaciones de escaños.
RESPETO A LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS
Los departamentos que optaron por el SÍ en el Referéndum Nacional Autonómico del 2 de julio de 2006, y en los Referendos Ratificatorios de los Estatutos Autonómicos de mayo y junio de 2008, tienen la plena potestad de administrar sus procesos electorales en el ámbito jurídico señalado en sus respectivos Estatutos, en lo referido a las elecciones de Gobernadores y Asambleas Departamentales. Exigimos el reconocimiento a los derechos adquiridos por voluntad popular.
INDEPENDENCIA DEL ORGANISMO ELECTORAL
Demandamos que cese la injerencia gubernamental en la Corte Nacional Electoral, como base para la necesaria imparcialidad que debería regir a este organismo. De la misma forma, exigimos que la Corte Nacional Electoral respete la independencia de las Cortes Electorales Departamentales, tanto en su accionar como en su conformación.
TRANSPARENCIA
Para evitar la discrecionalidad con que se implementaría el voto en el exterior de acuerdo al Proyecto de Ley oficial, a través de funcionarios políticos en las Embajadas y Consulados, consideramos indispensable que ese proceso sea conducido por el Organismo Electoral, con un nuevo diseño institucional que garantice la transparencia en el ejercicio del sufragio, y que los votantes del exterior sean inscritos en el nuevo y único Padrón Electoral, en igualdad de condiciones con los votantes en el territorio nacional.
LIBRE POSTULACIÓN
Condenamos la discriminación a los pueblos indígenas, por el monopolio en la representación que el Proyecto de Ley oficial instituye a favor de organizaciones controladas por el partido de gobierno, y planteamos la plena libertad de estos pueblos para postular a sus candidatos sin condiciones limitantes.
EQUIDAD
Rechazamos la desigualdad de condiciones establecida para las postulaciones a los cargos de Presidente y Vicepresidente, quienes no estarían obligados a presentar renuncia previa, a diferencia de las restantes autoridades electas. Todas las candidaturas deberán recibir el mismo tratamiento.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Ante las reiteradas violaciones al Estado de Derecho realizadas por el gobierno en los últimos años y para evitar que se consume un nuevo atropello al sistema democrático, el Proyecto de Ley Electoral Transitoria debe ser sometido a control de constitucionalidad.
Para hacer efectivo el rechazo a este nuevo intento de imposición gubernamental y para el cumplimiento de estas condiciones, nos declaramos en ESTADO DE EMERGENCIA e iniciamos una campaña para socializar ante la opinión pública los graves peligros para la transparencia electoral que implica este Proyecto.
Llamamos a las fuerzas vivas de Santa Cruz a la unidad institucional y pedimos a la representación parlamentaria, las autoridades departamentales y el Comité Pro Santa Cruz, iniciar las acciones correspondientes para movilizar al pueblo cruceño.
Convocamos a los ciudadanos bolivianos que comparten nuestros ideales democráticos a unir fuerzas en el rechazo al Proyecto de Ley oficial, extendiendo el estado de emergencia a todo el territorio nacional.
GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTÓNOMO DE SANTA CRUZ
COMITÉ PRO SANTA CRUZ
BRIGADA PARLAMENTARIA CRUCEÑA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ
COMITÉ CÍVICO FEMENINO
CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CÁMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS
CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL
OBSERVATORIO POLÍTICO NACIONAL (UAGRM)
martes, 24 de marzo de 2009
domingo, 22 de marzo de 2009
está poniendo en jaque al poder judicial para someterlo a su arbitrio, afirma El Diario decano de la prensa cuando analiza el:
Copamiento de Poderes
El Gobierno desesperado por lograr estabilidad está cometiendo gruesos errores, como pretender copar los Poderes del Estado a como dé lugar, no existe otra explicación para su intento por descabezar las principales instituciones del país, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Cámara de Senadores y otras, que le impiden imponer sus criterios, sin ajustarse a la Constitución Política del Estado que dispone la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto no es respetado por la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima, que recurre a la confrontación para distraer la atención de la ciudadanía y mostrarse ante la población como un adalid que lucha contra la corrupción que se comete en instituciones y organizaciones ajenas al Ejecutivo. La ciudadanía sabe que el gobierno del MAS recurre a una serie de argucias para desprestigiar a toda persona, real o jurídica, que no sea de su agrado o que considere peligrosa para sus planes, como ocurrió desde que el partido fundado con base en el movimiento social de los cocaleros se instaló en Palacio de Gobierno, con la misión de hacerse de todas las instituciones u organizaciones que tienen un relativo poder, con la finalidad de imponer sus criterios sin que haya oposición.
Lo claro es que el MAS no sabe cómo puede ejecutar un programa de gobierno, porque a más de tres años de haber asumido el mando de la Nación, nada bueno ha realizado a favor de los bolivianos, sino que recurre a una estrategia distraccionista con la finalidad de evitar que los ciudadanos perciban la grave crisis económica en la que se encuentra Bolivia. Además el Jefe de Estado nos tiene acostumbrados a los enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad civil, como los comités cívicos, medios de comunicación, trabajadores de la prensa, Iglesia Católica, Poder Judicial y otros sectores que eran considerados enemigos del proceso de cambio que propone el MAS, aunque en la práctica nada se ha hecho para que sea realidad.
Queda demostrado que el gobierno del MAS está empeñado en controlar y copar las principales instituciones del Estado, para evitar que se descubra los actos de corrupción que son cometidos en la administración pública por dirigentes, militantes o gente afín al partido de gobierno, y que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone la ley. Para ello qué mejor que tener el control de la justicia ordinaria, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, los primeros para que emitan fallos favorables a los gobernantes, los segundos para ponerse a órdenes de los gobernantes y los terceros para dirigir las investigaciones para favorecerlos y en contra de los opositores. Un ejemplo de ello es el caso de Leopoldo Fernández, quien guarda detención sin que se lo someta a un juicio claro, justo y transparente, en tanto se los libera de culpa y se quiere absolver a dirigentes y militantes del partido de gobierno involucrados con el narcotráfico y cuyas relaciones y actividades fueron descubiertas en posesión de kilogramos de cocaína, como sucedió con las hermanas de la dirigente masista Margarita Terán.
Precisamente para tener una justicia sumida y que responda a los intereses y designios de los gobernantes, en las últimas horas diputados masistas que controlan la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron una imputación formal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto delito de retardación de justicia, concretamente en el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, como también en contra del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y contra el exministro de salid Tonchi Marinkovich. Esto demuestra que existe un móvil político para descabezar el máximo tribunal de justicia de Bolivia para controlar el Poder Judicial y manejar los procesos a su antojo, por medio de los jueces que designará políticamente sin tomar en cuenta méritos y capacidad profesional.
Resulta incomprensible la forma de actuar de los diputados masistas que firman resoluciones sin conocer el fondo del problema. Es el caso de un diputado que en las reuniones de la comisión es quien más cuestiona la retardación de justicia de la Corte Suprema y sindica al presidente de la misma. Cuando los periodistas le preguntan por su forma de actuar, cae en el ridículo al no sostener valientemente lo que propuso como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y se escuda en el hecho de que no se trata de una condena, sino que es una imputación y nada más. Esta es una demostración de falta de valor civil de aquel que comete una irregularidad y cuando es cuestionado por la sociedad quiere lavarse las manos a costa de sus compañeros de partido, responsabilizándolos de ese error.
Lo que busca el oficialismo es devaluar la justicia boliviana, recurriendo a artimañas, para controlar al Poder Judicial y manipular a su antojo los procesos que le son convenientes y archivarlos o rechazar aquellos que le perjudican, sobre todo ahora que se descubrió la corrupción de gente del MAS y que se la quiere tapar o minimizar. Esta realidad nadie la puede negar, por el interés que está demostrando el Ejecutivo para copar los otros poderes del Estado.
El Gobierno desesperado por lograr estabilidad está cometiendo gruesos errores, como pretender copar los Poderes del Estado a como dé lugar, no existe otra explicación para su intento por descabezar las principales instituciones del país, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Cámara de Senadores y otras, que le impiden imponer sus criterios, sin ajustarse a la Constitución Política del Estado que dispone la independencia de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esto no es respetado por la administración gubernamental del presidente Evo Morales Aima, que recurre a la confrontación para distraer la atención de la ciudadanía y mostrarse ante la población como un adalid que lucha contra la corrupción que se comete en instituciones y organizaciones ajenas al Ejecutivo. La ciudadanía sabe que el gobierno del MAS recurre a una serie de argucias para desprestigiar a toda persona, real o jurídica, que no sea de su agrado o que considere peligrosa para sus planes, como ocurrió desde que el partido fundado con base en el movimiento social de los cocaleros se instaló en Palacio de Gobierno, con la misión de hacerse de todas las instituciones u organizaciones que tienen un relativo poder, con la finalidad de imponer sus criterios sin que haya oposición.
Lo claro es que el MAS no sabe cómo puede ejecutar un programa de gobierno, porque a más de tres años de haber asumido el mando de la Nación, nada bueno ha realizado a favor de los bolivianos, sino que recurre a una estrategia distraccionista con la finalidad de evitar que los ciudadanos perciban la grave crisis económica en la que se encuentra Bolivia. Además el Jefe de Estado nos tiene acostumbrados a los enfrentamientos con diferentes sectores de la sociedad civil, como los comités cívicos, medios de comunicación, trabajadores de la prensa, Iglesia Católica, Poder Judicial y otros sectores que eran considerados enemigos del proceso de cambio que propone el MAS, aunque en la práctica nada se ha hecho para que sea realidad.
Queda demostrado que el gobierno del MAS está empeñado en controlar y copar las principales instituciones del Estado, para evitar que se descubra los actos de corrupción que son cometidos en la administración pública por dirigentes, militantes o gente afín al partido de gobierno, y que sean sancionados de acuerdo con lo que dispone la ley. Para ello qué mejor que tener el control de la justicia ordinaria, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, los primeros para que emitan fallos favorables a los gobernantes, los segundos para ponerse a órdenes de los gobernantes y los terceros para dirigir las investigaciones para favorecerlos y en contra de los opositores. Un ejemplo de ello es el caso de Leopoldo Fernández, quien guarda detención sin que se lo someta a un juicio claro, justo y transparente, en tanto se los libera de culpa y se quiere absolver a dirigentes y militantes del partido de gobierno involucrados con el narcotráfico y cuyas relaciones y actividades fueron descubiertas en posesión de kilogramos de cocaína, como sucedió con las hermanas de la dirigente masista Margarita Terán.
Precisamente para tener una justicia sumida y que responda a los intereses y designios de los gobernantes, en las últimas horas diputados masistas que controlan la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobaron una imputación formal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por un supuesto delito de retardación de justicia, concretamente en el juicio de responsabilidades al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y varios de sus colaboradores, como también en contra del ex prefecto de La Paz Luis Alberto Valle y contra el exministro de salid Tonchi Marinkovich. Esto demuestra que existe un móvil político para descabezar el máximo tribunal de justicia de Bolivia para controlar el Poder Judicial y manejar los procesos a su antojo, por medio de los jueces que designará políticamente sin tomar en cuenta méritos y capacidad profesional.
Resulta incomprensible la forma de actuar de los diputados masistas que firman resoluciones sin conocer el fondo del problema. Es el caso de un diputado que en las reuniones de la comisión es quien más cuestiona la retardación de justicia de la Corte Suprema y sindica al presidente de la misma. Cuando los periodistas le preguntan por su forma de actuar, cae en el ridículo al no sostener valientemente lo que propuso como miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, y se escuda en el hecho de que no se trata de una condena, sino que es una imputación y nada más. Esta es una demostración de falta de valor civil de aquel que comete una irregularidad y cuando es cuestionado por la sociedad quiere lavarse las manos a costa de sus compañeros de partido, responsabilizándolos de ese error.
Lo que busca el oficialismo es devaluar la justicia boliviana, recurriendo a artimañas, para controlar al Poder Judicial y manipular a su antojo los procesos que le son convenientes y archivarlos o rechazar aquellos que le perjudican, sobre todo ahora que se descubrió la corrupción de gente del MAS y que se la quiere tapar o minimizar. Esta realidad nadie la puede negar, por el interés que está demostrando el Ejecutivo para copar los otros poderes del Estado.
viernes, 20 de marzo de 2009
en universidades e institutos internacionales como el de Hudson, Wáshington el caso boliviano sigue siendo objeto de estudio aunque lamentan lo q`pasa
Bolivia, el país más pobre de América del Sur, necesita desesperadamente un líder nacional que repare sus muchas divisiones. Lamentablemente, Evo Morales no es de esa clase.
Cuando fue elegido presidente, en 2005, este antiguo cultivador de coca contaba con un apoyo bastante amplio entre los diferentes grupos raciales y económicos. Pero se empeñó en discriminar y excluir a los mestizos y a los blancos. Por otro lado, ha estatizado buena parte de la economía, incluido el sector de la energía, e impulsado un gran programa de confiscación y redistribución de tierras. Asimismo, ha erosionado las instituciones democráticas e intentado debilitar política y económicamente a los departamentos del este del país porque no le apoyan.Bolivia hoy está más dividida y polarizada que cuando Morales asumió el cargo. Sus iniciativas económicas estatizantes asustaron a los inversionistas extranjeros, y la corrupción sigue siendo generalizada. Ahora, el gobierno está envuelto en un enorme escándalo de corrupción de altos funcionarios.Las relaciones con los Estados Unidos se han deteriorado notablemente. Morales sigue un modelo político de conflicto, enfrentamiento e intimidación. Muy al estilo de su mentor, Hugo Chávez, utiliza el antiamericanismo como herramienta política y divulga disparatadas teorías conspiratorias. En setiembre expulsó al embajador estadounidense. Poco tiempo después, y debido a la creciente violencia política, Washington evacuó a los voluntarios del Cuerpo de Paz. En noviembre, Morales exigió que la DEA dejara de operar en Bolivia, y la referida agencia norteamericana dejó de hacerlo en enero.Por esa falta de cooperación en la lucha contra la droga, el entonces presidente de EEUU, G. W. Bush, suspendió el acceso privilegiado al mercado estadounidense que tenía Bolivia bajo la Ley de Preferencia para el Comercio Andino (ATPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas, legislaciones ambas que exigen a los países beneficiarios que cooperen en la lucha contra las drogas. La administración Bush tenía justificación para suspender las preferencias comerciales. Esa decisión tendrá considerables repercusiones económicas en Bolivia, y Morales, previsiblemente, la ha usado como propaganda doméstica. Ahora, la administración Obama debe decidir si las restaura, y bajo qué condiciones.Bolivia representa muy poco (entre un 1 y un 2%) del intercambio comercial de los Estados Unidos con los países andinos, pero el gigante norteamericano es uno de los principales socios y una de las mayores fuentes de inversión extranjera de Bolivia. Así, las preferencias comerciales significan mucho más para La Paz que para Washington. Es de esperar que la administración Obama condicione su restauración a que el gobierno de Evo Morales brinde un mínimo de cooperación en la lucha contra las drogas. Suelo estar en desacuerdo con las sanciones comerciales, pero este es un caso especial. La Paz no puede recibir un cheque en blanco en la lucha contra las drogas. Bolivia, tercer productor mundial de coca, es un frente clave en esa batalla. Las condiciones fijadas por en la ATPA y la Ley de Promoción del Comercio Andino son muy claras y tienen lógica. Hay otras fuentes de preocupación para los Estados Unidos. Bolivia tiene enormes depósitos de gas natural, y Morales aboga por establecer vínculos estratégicos con Irán. En unos momentos en que Teherán está ampliando su esfera de influencia a través de América Latina, preocupa su emergente asociación con La Paz. El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, declaró recientemente ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de su país que está "preocupado" por el nivel de actividades subversivas que están desarrollando los iraníes en América Latina. Hay evidencia de que la cordial relación de los ayatolás con Hugo Chávez, principal patrocinador de Morales, ha permitido al grupo terrorista Hezbollah establecerse en Venezuela. La conexión Bolivia-Irán requiere observación y cuidado. ¿Cómo preservar la democracia en Bolivia y reforzar sus instituciones democráticas? En sus esfuerzos diplomáticos para respaldar la democracia y apoyar a la sociedad civil, los Estados Unidos deberían colaborar estrechamente con los gobiernos democráticos de Europa y América del Sur, así como abordar la difícil situación de los más pobres en Bolivia y apoyar el trabajo de las ONG de buena fe a través del National Endowment for Democracy. También debe promover la libertad económica y la creación de un clima empresarial más favorable. A la hora de valorar los ambientes empresariales del planeta, el Banco Mundial sitúa a Bolivia en puesto 150 (de 181). Sólo Haití y Venezuela están peor en América Latina y el Caribe.Un punto final: hasta ahora, el presidente Obama ha decepcionado a quienes esperaban acciones prontas para reforzar los lazos de Estados Unidos con el resto del continente. Irán, Rusia y China están trabajando para fortalecer sus relaciones con América Latina. Si los Estados Unidos no hacen de su propio hemisferio una prioridad, se arriesgan a perder influencia en una región crítica para su seguridad y su economía.© AIPEJAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios para América Latina del Hudson Institute (Washington).
Cuando fue elegido presidente, en 2005, este antiguo cultivador de coca contaba con un apoyo bastante amplio entre los diferentes grupos raciales y económicos. Pero se empeñó en discriminar y excluir a los mestizos y a los blancos. Por otro lado, ha estatizado buena parte de la economía, incluido el sector de la energía, e impulsado un gran programa de confiscación y redistribución de tierras. Asimismo, ha erosionado las instituciones democráticas e intentado debilitar política y económicamente a los departamentos del este del país porque no le apoyan.Bolivia hoy está más dividida y polarizada que cuando Morales asumió el cargo. Sus iniciativas económicas estatizantes asustaron a los inversionistas extranjeros, y la corrupción sigue siendo generalizada. Ahora, el gobierno está envuelto en un enorme escándalo de corrupción de altos funcionarios.Las relaciones con los Estados Unidos se han deteriorado notablemente. Morales sigue un modelo político de conflicto, enfrentamiento e intimidación. Muy al estilo de su mentor, Hugo Chávez, utiliza el antiamericanismo como herramienta política y divulga disparatadas teorías conspiratorias. En setiembre expulsó al embajador estadounidense. Poco tiempo después, y debido a la creciente violencia política, Washington evacuó a los voluntarios del Cuerpo de Paz. En noviembre, Morales exigió que la DEA dejara de operar en Bolivia, y la referida agencia norteamericana dejó de hacerlo en enero.Por esa falta de cooperación en la lucha contra la droga, el entonces presidente de EEUU, G. W. Bush, suspendió el acceso privilegiado al mercado estadounidense que tenía Bolivia bajo la Ley de Preferencia para el Comercio Andino (ATPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Promoción del Comercio Andino y Erradicación de las Drogas, legislaciones ambas que exigen a los países beneficiarios que cooperen en la lucha contra las drogas. La administración Bush tenía justificación para suspender las preferencias comerciales. Esa decisión tendrá considerables repercusiones económicas en Bolivia, y Morales, previsiblemente, la ha usado como propaganda doméstica. Ahora, la administración Obama debe decidir si las restaura, y bajo qué condiciones.Bolivia representa muy poco (entre un 1 y un 2%) del intercambio comercial de los Estados Unidos con los países andinos, pero el gigante norteamericano es uno de los principales socios y una de las mayores fuentes de inversión extranjera de Bolivia. Así, las preferencias comerciales significan mucho más para La Paz que para Washington. Es de esperar que la administración Obama condicione su restauración a que el gobierno de Evo Morales brinde un mínimo de cooperación en la lucha contra las drogas. Suelo estar en desacuerdo con las sanciones comerciales, pero este es un caso especial. La Paz no puede recibir un cheque en blanco en la lucha contra las drogas. Bolivia, tercer productor mundial de coca, es un frente clave en esa batalla. Las condiciones fijadas por en la ATPA y la Ley de Promoción del Comercio Andino son muy claras y tienen lógica. Hay otras fuentes de preocupación para los Estados Unidos. Bolivia tiene enormes depósitos de gas natural, y Morales aboga por establecer vínculos estratégicos con Irán. En unos momentos en que Teherán está ampliando su esfera de influencia a través de América Latina, preocupa su emergente asociación con La Paz. El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, declaró recientemente ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de su país que está "preocupado" por el nivel de actividades subversivas que están desarrollando los iraníes en América Latina. Hay evidencia de que la cordial relación de los ayatolás con Hugo Chávez, principal patrocinador de Morales, ha permitido al grupo terrorista Hezbollah establecerse en Venezuela. La conexión Bolivia-Irán requiere observación y cuidado. ¿Cómo preservar la democracia en Bolivia y reforzar sus instituciones democráticas? En sus esfuerzos diplomáticos para respaldar la democracia y apoyar a la sociedad civil, los Estados Unidos deberían colaborar estrechamente con los gobiernos democráticos de Europa y América del Sur, así como abordar la difícil situación de los más pobres en Bolivia y apoyar el trabajo de las ONG de buena fe a través del National Endowment for Democracy. También debe promover la libertad económica y la creación de un clima empresarial más favorable. A la hora de valorar los ambientes empresariales del planeta, el Banco Mundial sitúa a Bolivia en puesto 150 (de 181). Sólo Haití y Venezuela están peor en América Latina y el Caribe.Un punto final: hasta ahora, el presidente Obama ha decepcionado a quienes esperaban acciones prontas para reforzar los lazos de Estados Unidos con el resto del continente. Irán, Rusia y China están trabajando para fortalecer sus relaciones con América Latina. Si los Estados Unidos no hacen de su propio hemisferio una prioridad, se arriesgan a perder influencia en una región crítica para su seguridad y su economía.© AIPEJAIME DAREMBLUM, director del Centro de Estudios para América Latina del Hudson Institute (Washington).
domingo, 15 de marzo de 2009
los hechos están probando que el cuento del tío inventado por garcía linera del capitalismo andino-amazónico es una patrana mas para embaucarnos...
Hora 25.- Bolivia es el gran experimento actual del poder transnacional y de la política mundial, cuyo principal objetivo es apoderarse completamente de nuestros recursos naturales. Para ello se apoya en la confrontación política interna expresada en el autonomismo, ya sea departamental o indígena, y en lo económico se reviste de capitalismo andino-amazónico, creación del vicepresidente Álvaro García Linera, cuya máxima expresión es la falsa nacionalización de los hidrocarburos.
El capitalismo andino-amazónico es parte de la ortodoxia de libre mercado, arropado de indigenismo, cuya única intención es sembrar, con el dinero de la nación, sociedades anónimas para la corrupción en diferentes actividades de la economía nacional para luego ser entregadas al poder transnacional bajo la excusa de que son ineficientes y corruptas, y que el estado no es un buen empresario, y por el contrario son una carga para la nación.
La red de "empresas nacionalizadas-anónimas" cubre diferentes rubros, desde los recursos naturales renovables y no renovables, hasta el sector financiero y de telecomunicaciones, para cuyo financiamiento, desde la compra de activos de sus "dueños externos", hasta su funcionamiento y mantenimiento, está en manos del Tesoro General de la Nación.
Al no haber cambio de políticas estructurales, desde Sánchez de Lozada, el gobierno de Evo Morales esgrime los mismos argumentos neoliberales para justificar la transnacionalización de nuestra economía.
Con plata del Estado
La nacionalización de las empresas estatales y la aplicación de este modelo gerencial S.A. se hace con dinero del Estado proveniente de los ingresos de exportación de hidrocarburos, cuyo máximo nivel de reservas estuvo a punto de llegar a los 8 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el país.
Estos recursos sirven para pagar a las empresas transnacionales por su paquete accionario, y en el caso de las petroleras, sin haber hecho las correspondientes auditorías necesarias para determinar si realmente invirtieron lo que anunciaron o causaron un daño económico al Estado que debería ser cobrado antes de cualquier cancelación.
Este gobierno ha proyectado 2000 fideicomisos, según comentario públicos no refutados oficialmente, con una cifra inicial espeluznante de 1835.5 millones de dólares. Estos fondos serían utilizados para la conformación de las empresas estratégicas como la Boliviana de Aviación (BOA), apoyo a cooperativistas minertos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (SAM). Incluye también los mil millones de dólares para el "relanzamiento" de YPFB.
Veamos las empresas más importantes del "Estado", convertidas en Sociedades Anónimas".
EPSAS S.A.
El pedido de nacionalización de Aguas del Illimani en enero de 2007 dio lugar a la creación de La Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSA). Este fue el modelo que después se seguiría en otras áreas para evitar los controles del estado.En este caso, la auditoria de Pozo y Asociados demostró que los inversionistas franceses debían al Estado 20 millones de dólares, sin embargo el gobierno de Evo Morales, canceló 15 millones de dólares a la transnacional.Este proceso fue impulsado por el ex dirigente vecinal de El Alto, Abel Mamani, en su calidad de ministro de Aguas, poco después fue destituido por el Jefe de Estado por un escándalo de "fotos pornográficas". La "nacionalización" de la francesa fue un señuelo para evitar que el Alto siga luchando por una nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, le entregaron el ratón antes que el león, en complicidad con los dirigentes de turno.
En Banco Unión S.A. continúan accionistas del MNR y MIR
En noviembre de 2003, NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) compró el 83,2% del Banco Unión por $us 14 millones para evitar su quiebra, dejando un 16,8% en manos privadas.Por esta decisión, hasta el momento el chileno Jorge Valdez Añez, Andrés Petricevic, miembros del MNR, junto al hermano del mirista Carlos Saavedra Bruno, Luis Fernando Bruno, continúan como accionistas de esta entidad financiera.En 2004, parlamentarios del MAS denunciaron que una de la causas de la quiebra del Banco Unión fue por otorgar créditos a "palos blancos" de Petricevic, Valdez y Saavedra Bruno.Lourdes Durán, esposa del actual ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, es la máxima ejecutiva de esta institución.
Entel S.A.
El Estado nacionalizó ENTEL el 1 de mayo de 2008 con mucha pompa. Como en las otras Sociedades Anónimas, el 3 por ciento de las acciones pertenecen a personas particulares por lo que Estado no puede realizar ninguna acción de fiscalización sobre esta empresa que tiene una controversia internacional con la empresa ETI que reclama un pago de 170 millones de dólares mientras el gobierno sólo ofrece pagar 100 millones.De acuerdo a los medios de comunicación, existen alrededor de 100 accionistas menores.
¿Quiénes son los accionistas privados de YPFB refinación S.A.?
En completo misterio se mantiene los nombres de los accionistas privados de YPFB-Refinación que fue recomprada por el estado boliviano en 112 millones de dólares, olvidando sus deudas por concepto de impuestos de alrededor de 130 millones de dólares.La compra se realizó el 10 de mayo de 2007, cuando la empresa petrolera Petrobras Bolivia Refinación (P.B.R. S.A.) transfirió legalmente al Estado las acciones del 100 por ciento de las refinerías. Sin embargo, como por arte de magia, una parte de esas acciones fueron entregadas a personas o instituciones desconocidas para YPFB Refinación convirtiéndola en Sociedad Anónima para librarse de cualquier control del Estado con estatus de empresa privada.
NAFIBO hoy BDP SAM
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) SAM fue constituido sobre lo que fue Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), en el marco legal establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.En la actualidad, el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 del Ministerio de Hacienda en representación de la República de Bolivia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.Al tener el gobierno la tuición y mayoría accionaria en el BDP puede definir sus políticas como banco de segundo piso para el apoyo al sector productivo, sin embargo, muchos sectores sociales criticaron la burocracia de este mecanismo y su favoritismo con sectores afines al MAS.
* Fragmento de la edición N. 60 del periódico HORA 25.
El capitalismo andino-amazónico es parte de la ortodoxia de libre mercado, arropado de indigenismo, cuya única intención es sembrar, con el dinero de la nación, sociedades anónimas para la corrupción en diferentes actividades de la economía nacional para luego ser entregadas al poder transnacional bajo la excusa de que son ineficientes y corruptas, y que el estado no es un buen empresario, y por el contrario son una carga para la nación.
La red de "empresas nacionalizadas-anónimas" cubre diferentes rubros, desde los recursos naturales renovables y no renovables, hasta el sector financiero y de telecomunicaciones, para cuyo financiamiento, desde la compra de activos de sus "dueños externos", hasta su funcionamiento y mantenimiento, está en manos del Tesoro General de la Nación.
Al no haber cambio de políticas estructurales, desde Sánchez de Lozada, el gobierno de Evo Morales esgrime los mismos argumentos neoliberales para justificar la transnacionalización de nuestra economía.
Con plata del Estado
La nacionalización de las empresas estatales y la aplicación de este modelo gerencial S.A. se hace con dinero del Estado proveniente de los ingresos de exportación de hidrocarburos, cuyo máximo nivel de reservas estuvo a punto de llegar a los 8 mil millones de dólares, una cifra nunca antes vista en el país.
Estos recursos sirven para pagar a las empresas transnacionales por su paquete accionario, y en el caso de las petroleras, sin haber hecho las correspondientes auditorías necesarias para determinar si realmente invirtieron lo que anunciaron o causaron un daño económico al Estado que debería ser cobrado antes de cualquier cancelación.
Este gobierno ha proyectado 2000 fideicomisos, según comentario públicos no refutados oficialmente, con una cifra inicial espeluznante de 1835.5 millones de dólares. Estos fondos serían utilizados para la conformación de las empresas estratégicas como la Boliviana de Aviación (BOA), apoyo a cooperativistas minertos mediante el Banco de Desarrollo Productivo (SAM). Incluye también los mil millones de dólares para el "relanzamiento" de YPFB.
Veamos las empresas más importantes del "Estado", convertidas en Sociedades Anónimas".
EPSAS S.A.
El pedido de nacionalización de Aguas del Illimani en enero de 2007 dio lugar a la creación de La Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (EPSA). Este fue el modelo que después se seguiría en otras áreas para evitar los controles del estado.En este caso, la auditoria de Pozo y Asociados demostró que los inversionistas franceses debían al Estado 20 millones de dólares, sin embargo el gobierno de Evo Morales, canceló 15 millones de dólares a la transnacional.Este proceso fue impulsado por el ex dirigente vecinal de El Alto, Abel Mamani, en su calidad de ministro de Aguas, poco después fue destituido por el Jefe de Estado por un escándalo de "fotos pornográficas". La "nacionalización" de la francesa fue un señuelo para evitar que el Alto siga luchando por una nacionalización de los hidrocarburos. Es decir, le entregaron el ratón antes que el león, en complicidad con los dirigentes de turno.
En Banco Unión S.A. continúan accionistas del MNR y MIR
En noviembre de 2003, NAFIBO SAM (Nacional Financiera Boliviana SAM) compró el 83,2% del Banco Unión por $us 14 millones para evitar su quiebra, dejando un 16,8% en manos privadas.Por esta decisión, hasta el momento el chileno Jorge Valdez Añez, Andrés Petricevic, miembros del MNR, junto al hermano del mirista Carlos Saavedra Bruno, Luis Fernando Bruno, continúan como accionistas de esta entidad financiera.En 2004, parlamentarios del MAS denunciaron que una de la causas de la quiebra del Banco Unión fue por otorgar créditos a "palos blancos" de Petricevic, Valdez y Saavedra Bruno.Lourdes Durán, esposa del actual ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, es la máxima ejecutiva de esta institución.
Entel S.A.
El Estado nacionalizó ENTEL el 1 de mayo de 2008 con mucha pompa. Como en las otras Sociedades Anónimas, el 3 por ciento de las acciones pertenecen a personas particulares por lo que Estado no puede realizar ninguna acción de fiscalización sobre esta empresa que tiene una controversia internacional con la empresa ETI que reclama un pago de 170 millones de dólares mientras el gobierno sólo ofrece pagar 100 millones.De acuerdo a los medios de comunicación, existen alrededor de 100 accionistas menores.
¿Quiénes son los accionistas privados de YPFB refinación S.A.?
En completo misterio se mantiene los nombres de los accionistas privados de YPFB-Refinación que fue recomprada por el estado boliviano en 112 millones de dólares, olvidando sus deudas por concepto de impuestos de alrededor de 130 millones de dólares.La compra se realizó el 10 de mayo de 2007, cuando la empresa petrolera Petrobras Bolivia Refinación (P.B.R. S.A.) transfirió legalmente al Estado las acciones del 100 por ciento de las refinerías. Sin embargo, como por arte de magia, una parte de esas acciones fueron entregadas a personas o instituciones desconocidas para YPFB Refinación convirtiéndola en Sociedad Anónima para librarse de cualquier control del Estado con estatus de empresa privada.
NAFIBO hoy BDP SAM
El Banco de Desarrollo Productivo (BDP) SAM fue constituido sobre lo que fue Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO), en el marco legal establecido por el Código de Comercio, sujetándose a las disposiciones que regulan las actividades de las sociedades anónimas mixtas y bajo la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros.En la actualidad, el BDP SAM de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), se halla bajo la tuición del Ministerio de Planificación de Desarrollo y en cumplimiento a la Ley Nro. 2064 del Ministerio de Hacienda en representación de la República de Bolivia, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.Al tener el gobierno la tuición y mayoría accionaria en el BDP puede definir sus políticas como banco de segundo piso para el apoyo al sector productivo, sin embargo, muchos sectores sociales criticaron la burocracia de este mecanismo y su favoritismo con sectores afines al MAS.
* Fragmento de la edición N. 60 del periódico HORA 25.
jueves, 12 de marzo de 2009
se le acaba su tiempo. ahora evo está bajo la mirada de los DDHH que han difundido un severo documento vinculado a VH Cárdenas víctima del MAS
Bolivia: Se debe condenar de manera inequívoca la violencia por parte de turbas
Los ataques por motivaciones políticas amenazan el estado de derecho
(Washington, DC, 12 de marzo de 2009) – El gobierno boliviano debe repudiar de manera clara e inequívoca los ataques sufridos por la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas a manos de una turba, y abstenerse de efectuar cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia frente a tales actos de violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La organización también instó al gobierno boliviano a asegurar que se investiguen de manera inmediata e imparcial estos y otros ataques recientes dirigidos tanto a partidarios del gobierno como a miembros de la oposición.
El 7 de marzo de 2009, cientos de campesinos indígenas habrían ocupado y saqueado la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligaron a salir de la vivienda. El ex Vicepresidente, que ha sido un abierto opositor al gobierno del Presidente Evo Morales, no se encontraba en el lugar durante los sucesos. Su esposa, Lidia Catari, su hija, Sami, de 15, y su hijo Irumaki, de 24, ingresaron ese mismo día a un hospital de La Paz debido a las lesiones que sufrieron durante el ataque.
Estos ataques se producen en Bolivia en un momento en que se viven crecientes agresiones entre las fuerzas afines al gobierno y de oposición. En mayo de 2008, en Sucre, una turba habría obligado a partidarios del gobierno a desvestirse y a quemar banderas tradicionalmente indígenas y banderas del partido oficialista. Además, según señalan varios artículos de prensa, en diciembre del año pasado, en Santa Cruz, un grupo de opositores al gobierno arrojó una bomba molotov contra la vivienda de un asambleísta oficialista, provocando un incendio en la vivienda.
“Los responsables de esos brutales actos deben rendir cuentas por ellos, y los más altos funcionarios deben transmitir un mensaje claro de que, bajo ninguna circunstancia, tales actos están justificados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa, el Presidente Morales lamentó los ataques y manifestó que el gobierno no había tenido ninguna participación. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, el Presidente Morales expresó luego que “el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores". Agregó que Cárdenas “ha estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la nueva Carta Magna” y “estas mentiras causan reacción”. Del mismo modo, después de solicitar una investigación del incidente en una entrevista de prensa, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”.
Cárdenas, un líder político indígena que se desempeñó como Vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, hizo campaña abiertamente contra la nueva constitución que el gobierno de Morales sometió a referéndum. La nueva constitución fue aprobada en enero de 2009.
“Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados”, señaló Vivanco. “Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia”.
Los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que habían tomado esa medida contra Cárdenas “por financiar la campaña del ‘no’” contra la nueva constitución y por haber traicionado a su pueblo.
“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluyendo a través de manifestaciones políticas”, señaló Vivanco. “Sin embargo, también debe garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos”, señaló Vivanco.
Para mayor información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Bolivia diríjase a:
http://www.hrw.org/es/americas/bolivia
Para obtener más información, por favor contactar:
En Washington, DC, José Miguel Vivanco (español, inglés): +1-917-379-1180 (celular)
Los ataques por motivaciones políticas amenazan el estado de derecho
(Washington, DC, 12 de marzo de 2009) – El gobierno boliviano debe repudiar de manera clara e inequívoca los ataques sufridos por la familia del ex Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas a manos de una turba, y abstenerse de efectuar cualquier tipo de declaración que pudiera interpretarse como tolerancia frente a tales actos de violencia, señaló hoy Human Rights Watch. La organización también instó al gobierno boliviano a asegurar que se investiguen de manera inmediata e imparcial estos y otros ataques recientes dirigidos tanto a partidarios del gobierno como a miembros de la oposición.
El 7 de marzo de 2009, cientos de campesinos indígenas habrían ocupado y saqueado la vivienda de Cárdenas en Sankajahuira, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de La Paz. La multitud golpeó a la esposa, a los hijos y al sobrino de Cárdenas con palos y chicotes, y los obligaron a salir de la vivienda. El ex Vicepresidente, que ha sido un abierto opositor al gobierno del Presidente Evo Morales, no se encontraba en el lugar durante los sucesos. Su esposa, Lidia Catari, su hija, Sami, de 15, y su hijo Irumaki, de 24, ingresaron ese mismo día a un hospital de La Paz debido a las lesiones que sufrieron durante el ataque.
Estos ataques se producen en Bolivia en un momento en que se viven crecientes agresiones entre las fuerzas afines al gobierno y de oposición. En mayo de 2008, en Sucre, una turba habría obligado a partidarios del gobierno a desvestirse y a quemar banderas tradicionalmente indígenas y banderas del partido oficialista. Además, según señalan varios artículos de prensa, en diciembre del año pasado, en Santa Cruz, un grupo de opositores al gobierno arrojó una bomba molotov contra la vivienda de un asambleísta oficialista, provocando un incendio en la vivienda.
“Los responsables de esos brutales actos deben rendir cuentas por ellos, y los más altos funcionarios deben transmitir un mensaje claro de que, bajo ninguna circunstancia, tales actos están justificados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa, el Presidente Morales lamentó los ataques y manifestó que el gobierno no había tenido ninguna participación. Sin embargo, de acuerdo con varias fuentes periodísticas, el Presidente Morales expresó luego que “el pueblo no aguanta ni perdona a los traidores". Agregó que Cárdenas “ha estado mintiendo sobre su persona, el Gobierno y la nueva Carta Magna” y “estas mentiras causan reacción”. Del mismo modo, después de solicitar una investigación del incidente en una entrevista de prensa, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo “lo que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse es qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que esos pobladores lo repudien”.
Cárdenas, un líder político indígena que se desempeñó como Vicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, hizo campaña abiertamente contra la nueva constitución que el gobierno de Morales sometió a referéndum. La nueva constitución fue aprobada en enero de 2009.
“Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados”, señaló Vivanco. “Esa ambigüedad atenta contra el estado de derecho en Bolivia”.
Los cabecillas del ataque contra la familia de Cárdenas dijeron a la prensa que habían tomado esa medida contra Cárdenas “por financiar la campaña del ‘no’” contra la nueva constitución y por haber traicionado a su pueblo.
“El gobierno tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a la libertad de expresión y asamblea, incluyendo a través de manifestaciones políticas”, señaló Vivanco. “Sin embargo, también debe garantizar que estas no degeneren en violencia colectiva o pongan en peligro a los ciudadanos”, señaló Vivanco.
Para mayor información sobre el trabajo de Human Rights Watch sobre Bolivia diríjase a:
http://www.hrw.org/es/americas/bolivia
Para obtener más información, por favor contactar:
En Washington, DC, José Miguel Vivanco (español, inglés): +1-917-379-1180 (celular)
martes, 10 de marzo de 2009
queda registrado en los anales de la historia la agresión causada por seguidores del MAS a la familia Cárdenas y la reacción mundial que sobrevino
La agresión sufrida por la familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y los daños a su vivienda recibieron ayer la condena de Naciones Unidas y la Embajada de Francia, mientras autoridades gubernamentales lo acusaron de ser el culpable de la reacción de los campesinos que avasallaron su propiedad.
El sábado, alrededor de 300 campesinos tomaron por la fuerza la casa de campo de Cárdenas, ubicada en Sank’ajawira, y agredieron a su esposa, su cuñada, dos hijos y un sobrino, con el argumento de que el jefe de familia había hecho campaña por el No a la Constitución. Naciones Unidas señaló que “deplora cualquier agresión, sin importar sus razones o proveniencia, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a actuar en el marco del respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”.
El documento resalta “las expresiones de condena a este hecho manifestadas por autoridades de Gobierno y líderes de todos los sectores políticos, y espera que las autoridades relevantes continúen con la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción a los responsables”. El inmueble está vacío, dañado y no le fue devuelto a Cárdenas. Los policías no pueden entrar en el domicilio. Para hacerlo, según el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, se necesita una orden judicial, pues sería un allanamiento, mientras que los comunarios tampoco ingresan, aunque no se alejan de las inmediaciones.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia emitió un documento mediante el que expone su convicción de que es posible resolver las diferencias sin recurrir a la violencia. La Embajada de Francia expresó su “conmoción” por los hechos de violencia ocurridos en Sank’ajawira y “deplora profundamente estos hechos”.
El Presidente y el Vicepresidente criticaron a Cárdenas, a quien acusaron de traidor y de ser responsable del ataque sufrido por su propiedad y los suyos el sábado. Los diplomáticos franceses califican al ex Vicepresidente la República de “gran amigo de Francia y de su cultura” y que “contribuye, desde muchos años, a las buenas relaciones entre Bolivia y Francia”. La legación gala hace votos por el pronto restablecimiento de las personas agredidas. Protección insuficiente Después de conocer la decisión de un ampliado celebrado el 28 de febrero, de quitarle su propiedad, el pasado viernes, Cárdenas pidió protección al Ministerio de Gobierno.
Las autoridades de esa cartera, dijo el ex Mandatario, no aceptaron una nota en la que solicitaba protección para su familia, sus bienes y para él. Al día siguiente, sólo cinco efectivos de la Patrulla Caminera y la Policía Fronteriza acudieron para evitar la toma y fueron fácilmente superados al intentar defender el inmueble por los enardecidos comunarios. Los refuerzos demoraron más de una hora en llegar al lugar. Un contingente de 100 policías se mantenía ayer a unos 800 metros al norte de la vivienda y un numeroso grupo de campesinos se hallaba apostado a unos 300 metros al sur. El dirigente campesino Jerónimo de la Cruz, citado por la agencia oficial ABI, explicó que la población había decretado estado de sitio civil en la zona para impedir el acceso de la Fiscalía o la Policía.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, sostuvo que instruyó el sábado que el fiscal Isabelino Gómez se hiciera cargo de la investigación, aunque éste dijo no haber recibido la orden. Los mandatarios En contacto con corresponsales internacionales, el presidente Evo Morales dijo, en referencia al caso: “El pueblo boliviano no aguanta ni perdona a los traidores”. Aunque deploró el hecho, dijo que es necesario averiguar las causas por las que los comunarios actuaron de esa manera, y se preguntó qué hizo Cárdenas “a su pueblo y a sus bases” para generar esa reacción, y lo conminó a “resolver los problemas con su comunidad”.
El Jefe de Estado acusó a la ex autoridad de cambiar sus apellidos de Choquehuanca por Cárdenas y Condori por Conde, “cosas que causan la indignación del pueblo”. Evo Morales recordó que Cárdenas fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque no mencionó que lo fue entre 1993 y 1997 y no durante la “guerra del gas”. El vicepresidente Álvaro García Linera declaró: “Está claro que está aprovechando este incidente social” para obtener réditos políticos, pero, en su opinión, es necesario saber “qué daño habrá hecho don Víctor Hugo Cárdenas a sus vecinos”.
Negó que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hubieran promovido este hecho, como lo denunció el agredido, porque “no tenemos la tontera de victimizar a quien ha sido victimario” de la economía. “No somos tontos. Aquí hay una combinación entre algo premeditado y una especie de malestar del sector indígena”. García Linera rechazó “las alevosas declaraciones del ex Vicepresidente”, quien responsabilizó a los activistas del MAS por el ataque a su propiedad y a su familia. Además, exhortó a los lugareños a llevar adelante “un proceso legal interno de expropiación” del inmueble, pero se deben “hacer los trámites, que son propios en las comunidades, sobre las personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población” y descartó la retoma de la casa por la Policía.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, lamentó el hecho y anunció que el Ejecutivo enjuiciará a los instigadores del ataque a una propiedad privada. “La posición del Ejecutivo me causa dolor” Víctor Hugo Cárdenas manifestó ayer que la actitud de las principales autoridades nacionales le causó “un profundo dolor”. “Esperaba que los gobernantes se colocaran en una posición intermedia entre los comunarios y nosotros, los agredidos”. Sostuvo que no es propio de un Gobierno “serio” adoptar una postura parcial, pues correspondía actuar con equilibrio, y reiteró que el ataque a su propiedad fue planeado por gente afín al MAS, pues la señora Beatriz Quispe, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, dijo que coordinó el ataque a su vivienda de Obrajes, en La Paz, con los Satucos, el grupo dirigido por Gustavo Torrico, quien negó ese extremo.
“Tengo la aspiración de recuperar mi casa. En ella, mi esposa y yo invertimos los ahorros de toda mi vida para disfrutar de la tierra en la que nacimos. No despojamos a nadie de nada”. Aseguró que todos los documentos sobre el derecho propietario de su inmueble están en orden. Cárdenas reveló que tiene información de que “reducidos grupos” cumplen vigilias en torno a su propiedad para que no la recupere. Aunque por la tarde esperaba entrevistarse con un fiscal para iniciar las investigaciones, no pudo hacerlo porque “todavía estoy preocupado por la salud de mis seres queridos. Felizmente, no sufren lesiones muy serias, como fracturas, se trata simplemente del golpes que provocaron hematomas”. “Yo no maté a nadie, ni participé en las masacres de Warisata o El Alto.
Yo fui Vicepresidente entre 1993 y 1997. En 2003 no ocupaba cargo alguno”, y recordó los atentados terroristas de la década pasado, en los que estuvo implicado —aunque no lo mencionó de forma explícita— el actual vicepresidente Álvaro García Linera, cuando formaba parte del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK). Iglesia declara su indignación La Conferencia Episcopal Boliviana expresó ayer “su voz de indignación y protesta por los acontecimientos del fin de semana, relacionados con las agresiones a la familia y propiedades” del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
La Iglesia “reitera su llamado a líderes y movimientos sociales” a un uso responsable de medidas comunitarias y evitar excesos. El pronunciamiento indica que este hecho es “otro grave antecedente de violación al estado de derecho, de las libertades fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos”. La jerarquía católica lamenta que gente enardecida hubiese ocupado una propiedad, maltratara física y verbalmente a personas, y critica “la relativa pasividad de las autoridades y las fuerzas del orden, así como el innegable contexto político de lo acontecido”.
El organismo religioso exige a las autoridades “un rápido esclarecimiento de estos hechos, estableciendo las responsabilidades debidas” para asegurar las sanciones establecidas por ley. REPERCUSIONES-OPINIONES Rielma Mencias Defensora del Pueblo “Nosotros hablamos el viernes con el señor Víctor Hugo Cárdenas y hoy (ayer) enviamos una nota al Ministerio Público exhortando para que se investiguen los hechos ocurridos el sábado en Sank’ajawira. En cualquier hecho en que la ciudadanía sufra un atentado, el Defensor del Pueblo tiene una actitud de rechazo contra esos hechos, por lo que pedimos a las autoridades que se averigüen esos sucesos de violencia que se podrían producir en cualquier parte del territorio nacional”. Rolando Villena Derechos Humanos “La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia está muy preocupada por el saqueo o invasión al domicilio del señor Víctor Hugo Cárdenas.
Es un hecho que viola los derechos constitucionales y el derecho a la propiedad. El Ministerio de Gobierno debe tomar cartas en el asunto. En ese sentido, pedimos que estos actos no se vuelvan a repetir; por otra parte, la inacción de la Policía es preocupante y, ahora, el Ministerio Público debe actuar con prontitud”. Guillermo Morales Cámara Nal. de Comercio “Hacemos conocer nuestra total indignación por los acontecimientos sucedidos en Sank’ajawira, cuando una turba intolerante tomó la vivienda del señor Víctor Hugo Cárdenas y golpeó a su familia.
Los empresarios privados de Bolivia consideramos que este tipo de acciones, que no hacen más que demostrar violencia desmedida y falta de respeto hacia el prójimo, afectan la imagen del país hacia el exterior y nos hace ver como un país bárbaro en el que no es conveniente invertir”. Valentín Ticona Vicem. Just. Comunitaria “Lo sucedido en Sank’ajawira no fue justicia comunitaria, sino el resultado de la decisión de un ampliado de las comunidades.
La justicia comunitaria tiene un procedimiento que no se adecua a los hechos ocurridos en la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, por lo que ahora debe pronunciarse la justicia ordinaria para determinar quién tiene razón, y como se trata de una propiedad privada, ésta debe ser devuelta a su propietario cuando logre resolver sus problemas”.
El sábado, alrededor de 300 campesinos tomaron por la fuerza la casa de campo de Cárdenas, ubicada en Sank’ajawira, y agredieron a su esposa, su cuñada, dos hijos y un sobrino, con el argumento de que el jefe de familia había hecho campaña por el No a la Constitución. Naciones Unidas señaló que “deplora cualquier agresión, sin importar sus razones o proveniencia, y hace un llamado a todos los sectores de la sociedad a actuar en el marco del respeto de los derechos humanos y del estado de derecho”.
El documento resalta “las expresiones de condena a este hecho manifestadas por autoridades de Gobierno y líderes de todos los sectores políticos, y espera que las autoridades relevantes continúen con la investigación, el esclarecimiento de los hechos y la correspondiente sanción a los responsables”. El inmueble está vacío, dañado y no le fue devuelto a Cárdenas. Los policías no pueden entrar en el domicilio. Para hacerlo, según el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, se necesita una orden judicial, pues sería un allanamiento, mientras que los comunarios tampoco ingresan, aunque no se alejan de las inmediaciones.
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia emitió un documento mediante el que expone su convicción de que es posible resolver las diferencias sin recurrir a la violencia. La Embajada de Francia expresó su “conmoción” por los hechos de violencia ocurridos en Sank’ajawira y “deplora profundamente estos hechos”.
El Presidente y el Vicepresidente criticaron a Cárdenas, a quien acusaron de traidor y de ser responsable del ataque sufrido por su propiedad y los suyos el sábado. Los diplomáticos franceses califican al ex Vicepresidente la República de “gran amigo de Francia y de su cultura” y que “contribuye, desde muchos años, a las buenas relaciones entre Bolivia y Francia”. La legación gala hace votos por el pronto restablecimiento de las personas agredidas. Protección insuficiente Después de conocer la decisión de un ampliado celebrado el 28 de febrero, de quitarle su propiedad, el pasado viernes, Cárdenas pidió protección al Ministerio de Gobierno.
Las autoridades de esa cartera, dijo el ex Mandatario, no aceptaron una nota en la que solicitaba protección para su familia, sus bienes y para él. Al día siguiente, sólo cinco efectivos de la Patrulla Caminera y la Policía Fronteriza acudieron para evitar la toma y fueron fácilmente superados al intentar defender el inmueble por los enardecidos comunarios. Los refuerzos demoraron más de una hora en llegar al lugar. Un contingente de 100 policías se mantenía ayer a unos 800 metros al norte de la vivienda y un numeroso grupo de campesinos se hallaba apostado a unos 300 metros al sur. El dirigente campesino Jerónimo de la Cruz, citado por la agencia oficial ABI, explicó que la población había decretado estado de sitio civil en la zona para impedir el acceso de la Fiscalía o la Policía.
El fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, sostuvo que instruyó el sábado que el fiscal Isabelino Gómez se hiciera cargo de la investigación, aunque éste dijo no haber recibido la orden. Los mandatarios En contacto con corresponsales internacionales, el presidente Evo Morales dijo, en referencia al caso: “El pueblo boliviano no aguanta ni perdona a los traidores”. Aunque deploró el hecho, dijo que es necesario averiguar las causas por las que los comunarios actuaron de esa manera, y se preguntó qué hizo Cárdenas “a su pueblo y a sus bases” para generar esa reacción, y lo conminó a “resolver los problemas con su comunidad”.
El Jefe de Estado acusó a la ex autoridad de cambiar sus apellidos de Choquehuanca por Cárdenas y Condori por Conde, “cosas que causan la indignación del pueblo”. Evo Morales recordó que Cárdenas fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, aunque no mencionó que lo fue entre 1993 y 1997 y no durante la “guerra del gas”. El vicepresidente Álvaro García Linera declaró: “Está claro que está aprovechando este incidente social” para obtener réditos políticos, pero, en su opinión, es necesario saber “qué daño habrá hecho don Víctor Hugo Cárdenas a sus vecinos”.
Negó que dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) hubieran promovido este hecho, como lo denunció el agredido, porque “no tenemos la tontera de victimizar a quien ha sido victimario” de la economía. “No somos tontos. Aquí hay una combinación entre algo premeditado y una especie de malestar del sector indígena”. García Linera rechazó “las alevosas declaraciones del ex Vicepresidente”, quien responsabilizó a los activistas del MAS por el ataque a su propiedad y a su familia. Además, exhortó a los lugareños a llevar adelante “un proceso legal interno de expropiación” del inmueble, pero se deben “hacer los trámites, que son propios en las comunidades, sobre las personas que no cumplen las labores comunales, no cumplen las responsabilidades colectivas con la población” y descartó la retoma de la casa por la Policía.
El vocero gubernamental, Iván Canelas, lamentó el hecho y anunció que el Ejecutivo enjuiciará a los instigadores del ataque a una propiedad privada. “La posición del Ejecutivo me causa dolor” Víctor Hugo Cárdenas manifestó ayer que la actitud de las principales autoridades nacionales le causó “un profundo dolor”. “Esperaba que los gobernantes se colocaran en una posición intermedia entre los comunarios y nosotros, los agredidos”. Sostuvo que no es propio de un Gobierno “serio” adoptar una postura parcial, pues correspondía actuar con equilibrio, y reiteró que el ataque a su propiedad fue planeado por gente afín al MAS, pues la señora Beatriz Quispe, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, dijo que coordinó el ataque a su vivienda de Obrajes, en La Paz, con los Satucos, el grupo dirigido por Gustavo Torrico, quien negó ese extremo.
“Tengo la aspiración de recuperar mi casa. En ella, mi esposa y yo invertimos los ahorros de toda mi vida para disfrutar de la tierra en la que nacimos. No despojamos a nadie de nada”. Aseguró que todos los documentos sobre el derecho propietario de su inmueble están en orden. Cárdenas reveló que tiene información de que “reducidos grupos” cumplen vigilias en torno a su propiedad para que no la recupere. Aunque por la tarde esperaba entrevistarse con un fiscal para iniciar las investigaciones, no pudo hacerlo porque “todavía estoy preocupado por la salud de mis seres queridos. Felizmente, no sufren lesiones muy serias, como fracturas, se trata simplemente del golpes que provocaron hematomas”. “Yo no maté a nadie, ni participé en las masacres de Warisata o El Alto.
Yo fui Vicepresidente entre 1993 y 1997. En 2003 no ocupaba cargo alguno”, y recordó los atentados terroristas de la década pasado, en los que estuvo implicado —aunque no lo mencionó de forma explícita— el actual vicepresidente Álvaro García Linera, cuando formaba parte del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK). Iglesia declara su indignación La Conferencia Episcopal Boliviana expresó ayer “su voz de indignación y protesta por los acontecimientos del fin de semana, relacionados con las agresiones a la familia y propiedades” del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas.
La Iglesia “reitera su llamado a líderes y movimientos sociales” a un uso responsable de medidas comunitarias y evitar excesos. El pronunciamiento indica que este hecho es “otro grave antecedente de violación al estado de derecho, de las libertades fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos”. La jerarquía católica lamenta que gente enardecida hubiese ocupado una propiedad, maltratara física y verbalmente a personas, y critica “la relativa pasividad de las autoridades y las fuerzas del orden, así como el innegable contexto político de lo acontecido”.
El organismo religioso exige a las autoridades “un rápido esclarecimiento de estos hechos, estableciendo las responsabilidades debidas” para asegurar las sanciones establecidas por ley. REPERCUSIONES-OPINIONES Rielma Mencias Defensora del Pueblo “Nosotros hablamos el viernes con el señor Víctor Hugo Cárdenas y hoy (ayer) enviamos una nota al Ministerio Público exhortando para que se investiguen los hechos ocurridos el sábado en Sank’ajawira. En cualquier hecho en que la ciudadanía sufra un atentado, el Defensor del Pueblo tiene una actitud de rechazo contra esos hechos, por lo que pedimos a las autoridades que se averigüen esos sucesos de violencia que se podrían producir en cualquier parte del territorio nacional”. Rolando Villena Derechos Humanos “La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia está muy preocupada por el saqueo o invasión al domicilio del señor Víctor Hugo Cárdenas.
Es un hecho que viola los derechos constitucionales y el derecho a la propiedad. El Ministerio de Gobierno debe tomar cartas en el asunto. En ese sentido, pedimos que estos actos no se vuelvan a repetir; por otra parte, la inacción de la Policía es preocupante y, ahora, el Ministerio Público debe actuar con prontitud”. Guillermo Morales Cámara Nal. de Comercio “Hacemos conocer nuestra total indignación por los acontecimientos sucedidos en Sank’ajawira, cuando una turba intolerante tomó la vivienda del señor Víctor Hugo Cárdenas y golpeó a su familia.
Los empresarios privados de Bolivia consideramos que este tipo de acciones, que no hacen más que demostrar violencia desmedida y falta de respeto hacia el prójimo, afectan la imagen del país hacia el exterior y nos hace ver como un país bárbaro en el que no es conveniente invertir”. Valentín Ticona Vicem. Just. Comunitaria “Lo sucedido en Sank’ajawira no fue justicia comunitaria, sino el resultado de la decisión de un ampliado de las comunidades.
La justicia comunitaria tiene un procedimiento que no se adecua a los hechos ocurridos en la vivienda del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, por lo que ahora debe pronunciarse la justicia ordinaria para determinar quién tiene razón, y como se trata de una propiedad privada, ésta debe ser devuelta a su propietario cuando logre resolver sus problemas”.
miércoles, 4 de marzo de 2009
es indudable que al nomás plantear los profectos el juicio de responsabilidades contra evo morales se está dando el paso de urgar en la corrupción!!
Los prefectos de la denominada media luna decidieron impulsar una demanda de juicio contra el presidente Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de aprobación de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
De acuerdo con la demanda, que convierte al Jefe de Estado en la primera autoridad en riesgo de ser enjuiciada en el marco de la nueva Constitución Política, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, por el que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La respuesta del Gobierno fue inmediata y, en una conferencia realizada en el Palacio de Gobierno, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que ésta es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
La proposición acusatoria fue presentada en primera instancia justamente por Cossío el día lunes y ayer decidieron adherirse a ella sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas; Chuquisaca, Savina Cuéllar; y Beni, Ernesto Suárez.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, confirmó a radio Fides, en Sucre, la presentación de la proposición acusatoria.
“Sí, efectivamente, la denuncia ha sido presentada por el señor Mario Abel Cossío Cortez, prefecto y comandante del departamento de Tarija. Una proposición acusatoria en contra del presidente de la República, Juan Evo Morales Ayma, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, explicó.
La proposición acusatoria está sostenida en el hecho de que el decreto 29506 promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178.
El proceso ya llegó manos de un fiscal de Recursos, quien iniciará la investigación respectiva en el marco de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.
Conocida la información, los ministros San Miguel y Arce ofrecieron una conferencia en la que anticiparon que Cossío aparecerá como uno de los principales culpables de los enfrentamientos y tomas de instituciones públicas que se produjeron a fines del año 2008 y por las que varios dirigentes cívicos ya fueron detenidos y ahora son procesados.
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre”, señaló San Miguel.
La autoridad aseguró que detrás de la demanda también existe la intención de distraer las denuncias de corrupción que pesan contra el prefecto de Tarija
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural... Cossío sabe muy bien de sus responsabilidades. El ex presidente cívico (Reynaldo) Bayard está sometido a un proceso penal y entre los cívicos y la Prefectura había una relación carnal en la voladura de ductos y bloqueos de caminos. Cuando se llegue a establecer a los culpables, con absoluta seguridad que Mario Cossío va a estar entre los principales”, advirtió la autoridad.
De igual forma, el ministro Arce calificó la acción judicial de los prefectos como “una aberración legal” y aseguró que no prosperará en los estrados judiciales.
“La proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica, no tiene ningún asidero legal, porque observa un decreto supremo que incluye modificaciones que están en derecho, respetando la normativa mayor... Los decretos supremos que se dictaron en diferentes áreas para facilitar el papel productivo del país son total y plenamente legales y constitucionales. La norma tiene su sentido, justificación y total amparo en la Constitución”, dijo.
San Miguel anunció que se analizará la pertinencia de presentar un juicio por difamación contra Cossío. “Analizaremos si amerita presentar una demanda penal contra Mario Cossío”.
REPERCUSIONES
Antonio Peredo (MAS) • “No entiendo las movidas de los prefectos, que piden para reunirse con el Gobierno que el Presidente esté presente y luego lo acusan. Es una acusación sin base”.
Paulo Bravo (Podemos) • “Creo que ya de una vez por todas lo único que queda acá es que la Corte Suprema debe pronunciarse, ya no debe seguir escondiéndose más (la corrupción)”.
Óscar Ortiz (Podemos) • “Lo que hay es que claramente tanto el Presidente como los ministros que firmaron decretos que autorizan las contrataciones directas, violaron la Ley Safco”.
Héctor Arce • “El pretender involucrar al Presidente en un acto de corrupción es un acto indigno que no procede. Estamos seguros que la Fiscalía ha de rechazar esta proposición acusatoria”.
Acusan a Cossío
Suxo acusa • La actual ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció el 2008 ante el Fiscal General, que el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, cometió supuestas irregularidades en 17 obras (2006 y 2007) por un valor de Bs 249 millones.
17 obras • Velódromo y Piscina, presas Huacata, El Molino y Calderas, defensivo Río Bermejo, gaviones río Camacho, vía Tarija-La Florida-Villanueva, puentes San Pedro, Mena y Jarcas, vía Yesera-Río Pilaya, riego Junacas-España y Chocloca-Saladillo, acueducto Chaco Seco.
Defensa • El prefecto Mario Cossío Cortez formalizó el 2008 una querella formal en contra de la actual ministra Suxo, acusándola del delito de desacato, debido a que presentó una proposición acusatoria con datos falsos en contra de su autoridad y la Prefectura.
Cobro • La empresa Uniservice giró $us 2.490 a Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del prefecto de Tarija, 8 días antes del atraco de $us 450 mil, según el diputado Willman Cardozo. Cossío lo desmintió.
De acuerdo con la demanda, que convierte al Jefe de Estado en la primera autoridad en riesgo de ser enjuiciada en el marco de la nueva Constitución Política, Morales habría violado la ley al emitir el decreto supremo 29506, por el que reformó las normas sobre contratación de bienes y servicios en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La respuesta del Gobierno fue inmediata y, en una conferencia realizada en el Palacio de Gobierno, los ministros de Defensa, Walker San Miguel y Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, denunciaron que ésta es una cortina de humo para esconder los delitos que habría cometido el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
La proposición acusatoria fue presentada en primera instancia justamente por Cossío el día lunes y ayer decidieron adherirse a ella sus colegas de Santa Cruz, Rubén Costas; Chuquisaca, Savina Cuéllar; y Beni, Ernesto Suárez.
El fiscal general de la República, Mario Uribe, confirmó a radio Fides, en Sucre, la presentación de la proposición acusatoria.
“Sí, efectivamente, la denuncia ha sido presentada por el señor Mario Abel Cossío Cortez, prefecto y comandante del departamento de Tarija. Una proposición acusatoria en contra del presidente de la República, Juan Evo Morales Ayma, por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, explicó.
La proposición acusatoria está sostenida en el hecho de que el decreto 29506 promueve la contratación libre de obras, bienes, servicios generales y de consultoría sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley 1178.
El proceso ya llegó manos de un fiscal de Recursos, quien iniciará la investigación respectiva en el marco de la Ley 2445 de Juicio de Responsabilidades.
Conocida la información, los ministros San Miguel y Arce ofrecieron una conferencia en la que anticiparon que Cossío aparecerá como uno de los principales culpables de los enfrentamientos y tomas de instituciones públicas que se produjeron a fines del año 2008 y por las que varios dirigentes cívicos ya fueron detenidos y ahora son procesados.
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossio en el denominado golpe cívico prefectural que se gestó en agosto del año pasado y se ejecutó en septiembre”, señaló San Miguel.
La autoridad aseguró que detrás de la demanda también existe la intención de distraer las denuncias de corrupción que pesan contra el prefecto de Tarija
“Quieren echar una cortina de humo a las propias responsabilidades del prefecto Cossío en el denominado golpe cívico prefectural... Cossío sabe muy bien de sus responsabilidades. El ex presidente cívico (Reynaldo) Bayard está sometido a un proceso penal y entre los cívicos y la Prefectura había una relación carnal en la voladura de ductos y bloqueos de caminos. Cuando se llegue a establecer a los culpables, con absoluta seguridad que Mario Cossío va a estar entre los principales”, advirtió la autoridad.
De igual forma, el ministro Arce calificó la acción judicial de los prefectos como “una aberración legal” y aseguró que no prosperará en los estrados judiciales.
“La proposición acusatoria es una verdadera aberración jurídica, no tiene ningún asidero legal, porque observa un decreto supremo que incluye modificaciones que están en derecho, respetando la normativa mayor... Los decretos supremos que se dictaron en diferentes áreas para facilitar el papel productivo del país son total y plenamente legales y constitucionales. La norma tiene su sentido, justificación y total amparo en la Constitución”, dijo.
San Miguel anunció que se analizará la pertinencia de presentar un juicio por difamación contra Cossío. “Analizaremos si amerita presentar una demanda penal contra Mario Cossío”.
REPERCUSIONES
Antonio Peredo (MAS) • “No entiendo las movidas de los prefectos, que piden para reunirse con el Gobierno que el Presidente esté presente y luego lo acusan. Es una acusación sin base”.
Paulo Bravo (Podemos) • “Creo que ya de una vez por todas lo único que queda acá es que la Corte Suprema debe pronunciarse, ya no debe seguir escondiéndose más (la corrupción)”.
Óscar Ortiz (Podemos) • “Lo que hay es que claramente tanto el Presidente como los ministros que firmaron decretos que autorizan las contrataciones directas, violaron la Ley Safco”.
Héctor Arce • “El pretender involucrar al Presidente en un acto de corrupción es un acto indigno que no procede. Estamos seguros que la Fiscalía ha de rechazar esta proposición acusatoria”.
Acusan a Cossío
Suxo acusa • La actual ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció el 2008 ante el Fiscal General, que el prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, cometió supuestas irregularidades en 17 obras (2006 y 2007) por un valor de Bs 249 millones.
17 obras • Velódromo y Piscina, presas Huacata, El Molino y Calderas, defensivo Río Bermejo, gaviones río Camacho, vía Tarija-La Florida-Villanueva, puentes San Pedro, Mena y Jarcas, vía Yesera-Río Pilaya, riego Junacas-España y Chocloca-Saladillo, acueducto Chaco Seco.
Defensa • El prefecto Mario Cossío Cortez formalizó el 2008 una querella formal en contra de la actual ministra Suxo, acusándola del delito de desacato, debido a que presentó una proposición acusatoria con datos falsos en contra de su autoridad y la Prefectura.
Cobro • La empresa Uniservice giró $us 2.490 a Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del prefecto de Tarija, 8 días antes del atraco de $us 450 mil, según el diputado Willman Cardozo. Cossío lo desmintió.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)