No hay cosa más efectiva para controlar una sociedad que provocarle miedo. El miedo es el mejor compañero del poder absoluto y el camino más directo para la pérdida de la dignidad. El miedo que el Gobierno está creando día a día en los ciudadanos es el primer y más peligroso paso al autoritarismo.
El gobierno del MAS sobre el argumento ya secular de que el cambio revolucionario no puede detenerse por culpa de la “democracia burguesa que no ha hecho otra cosa que respaldar a los poderosos y oprimir a los débiles”, está rompiendo el Estado de Derecho cuya admirable esencia filosófica trasciende largamente los dogmas ideológicos que han amasado en sangre diversos modelos políticos.
El presidente Morales nos está demostrando algo terrible, muy al estilo de nuestro malhadado caudillismo, que no importa qué Constitución tengamos, sino quién y cómo la aplica. La sucesión de violaciones a la ley que practica su gobierno es de tal magnitud y de tal impunidad que nos deja anonadados, y es mal presagio para el futuro.
Esta sociedad atrapada por su mala conciencia y por la progresiva capitulación ante las arbitrariedades del poder a título del cambio revolucionario, está cada día más arrinconada por el miedo. Miedo a defender el Estado de Derecho porque, según el Gobierno, hacerlo es ser racista, o neoliberal, o derechista, o aliado de los masacradores. Mientras el miedo nos amordaza, el cinismo campea en boca de los poderosos que, sin ruborizarse, acusan a los otros de lo que ellos hacen todos los días.
El departamento de Pando se ha convertido en un gigantesco cuartel productor de confinados y refugiados. El estado de sitio es ilegal porque el art. 111, II de la Constitución (CPE) dice: “En igual forma (la autorización del Legislativo para la continuación del estado de sitio) se procederá si el D.S. de estado de sitio fuese dictado por el Poder Ejecutivo estando las cámaras en funciones”. El Congreso no ha autorizado el estado de sitio, como sí lo hizo al dictarse éste en 1985, 1989, 1994 y 1996, no para su prolongación sino para su aplicación en los primeros 90 días. El prefecto Fernández no ha sido destituido ni suspendido por el Presidente mediante D.S.; en consecuencia, el prefecto nombrado por Morales está usurpando funciones. Si el Prefecto de Pando está preso por vulnerar el estado de sitio, tiene derecho (art. 112, 4° de la CPE) a pedir un pasaporte y salir legalmente del país, y si está acusado de asesinato en el caso Porvenir (y lo está porque el fiscal le abrió una investigación por ello), debe ser acusado por el Congreso. Si esto no ocurre, no puede permanecer detenido ni en La Paz ni en Sucre, ni en ninguna parte, hasta que se abra formalmente el proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Gobierno no acata una disposición de la CSJ de trasladar al detenido a Sucre, demostrándonos que, para sus autoridades, el Poder Judicial y el jabón de olor cumplen similares funciones. Pero cuando un oficial militar que forma parte de la Guardia Presidencial (Colorados de Bolivia) es hallado con las manos en la masa en un atentado terrorista contra un medio de TV, es liberado pagando una ridícula fianza, entonces sí dice campante que la justicia ha demostrado la inocencia del acusado, cuando es obvio que el proceso como tal está apenas en el inicio y por supuesto la inocencia del acusado no ha sido demostrada. Un fiscal “absuelve” y la CSJ “prevarica”, según el gusto o disgusto de los todopoderosos que gobiernan, que se han cuidado bien de destruir al Tribunal Constitucional para hacer lo que mejor les parezca.
El Gobierno, desde el Presidente hasta cualquier viceministro, acusa, amenaza, advierte y, lo que es más grave, afirma lo que quiere y casi nunca muestra una prueba creíble o sólida. La “última”: el Presidente expulsa a la DEA y dice que las pruebas de las maquinaciones de ésta sólo se las mostrará a Obama. El Presidente puede expulsar a la DEA si así lo cree conveniente, no es necesario probar nada, pero si dice que lo hace por acciones ilegales de este organismo, está en la obligación de mostrar las pruebas primero al pueblo de Bolivia, no a Obama, por la simple razón de que las explicaciones se las debe a quien sirve, que —por lo menos en teoría— es el pueblo de Bolivia.
El Congreso convoca a un referéndum para aprobar el proyecto constitucional y vulnera la ley de referendos, que dice que no se lo puede convocar estando vigente un estado de sitio. La Corte Electoral, que debió negarse a aceptar tal convocatoria, “interpreta” que esa prohibición se aplica a partir del 23 de noviembre (interpretación antojadiza), aunque por lo menos levanta la voz para intentar frenar este abuso de poder.
Los periodistas son sometidos a presiones de diverso tipo, las más obvias a través de “movimientos sociales” mediante actos vandálicos y agresiones físicas contra profesionales que intentan cumplir su trabajo, vulnerando una libertad esencial, la de expresión.
El Presidente reparte cheques venezolanos como volantes, sin aprobación congresal ni inscripción en el presupuesto, ni fiscalización de la Contraloría. Eso, aquí y en la China Popular, es corrupción.
Pero todo ciudadano que protesta o levanta la voz contra estas acciones, recibe la retahíla que recuerda los excesos de la democracia pactada, de la oposición regional, el vandalismo en la toma ilegal de entidades estatales, quema de ductos y finalmente el crimen de Porvenir. Vale la pena aquí recordarle al presidente Morales que en su gobierno murieron 33 personas, además de las 14 que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, lo que hace un total de 47 muertes, todas como producto de conflictos sociales. Valga recordarle también que las dos primeras víctimas de su gobierno fueron dos de sus compañeros cocaleros en el Chapare, el 29 de septiembre de 2006.
El Gobierno no tiene ninguna autoridad moral, a título de lo ocurrido en el pasado, para justificar lo que hace en el presente. ¿O no es que este gobierno iba a erradicar las viejas prácticas de violencia, injusticia y corrupción? El 54% de los bolivianos no votó para tener más de lo mismo.
Defender el Estado de Derecho no es estar ni con la derecha, ni con la reacción, ni con las élites, ni con los asesinos; es, simplemente, defender el Estado de Derecho. A secas y sin miedo.
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