Por Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos – 21/06/2009
El Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad del Comité Pro Santa Cruz, envió una carta al Fiscal General de la Nación para denunciar lo que consideran son violaciones a los Derechos Humanos, efectuadas por algunas autoridades del Poder Ejecutivo. Los cívicos cruceños le recuerdan al Fiscal General que según el Código de Procedimiento Penal, está obligado a iniciar la investigación de este caso.
Según la denuncia, el Gobierno habría cometido cinco tipos distintos de vulneraciones en Santa Cruz, por la investigación del supuesto caso de terrorismo, pues no hubo un debido proceso ni presunción de inocencia, se registraron torturas y vejámenes, no se respetó al juez natural de la causa, no se respetó el principio de reserva legal, y los investigadores actuaron sin control jurisdiccional.
La carta sostiene que tras la muerte de tres ciudadanos extranjeros en el hotel Las Américas El 16 de abril de 2009, acusados de presuntos actos de terrorismo, se vulneró el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece la objetividad del Ministerio Publico, y los artículos 117 de la Constitución, que vela por el derecho al debido proceso y el 116 que determina la presunción de inocencia.
Aseguran que también se vulneraron esas normas “el 28 de abril del mismo año, cuando miembros de la Policía Nacional sin exhibir mandamiento de aprehensión ni ninguna notificación sobre investigación penal alguna, encañonaron y secuestraron a dos ciudadanos cruceños en franca violación de sus derechos constitucionales y llevándolos a La Paz por ordenes del Fiscal asignado sin contar con jurisdicción para llevar a cabo la investigación”.
Además la denuncia escrita sostiene que el 30 de abril se demostró a través de los medios de comunicación, la comisión por parte de la Policía de vejaciones y torturas a aquellos ciudadanos, quienes humillados en su dignidad se les vulneraron los derechos humanos reconocidos en el artículo 15 de la Constitución.
También denuncia que con la promulgación realizada el 20 de mayo de 2009 del Decreto Supremo 138, se vulneró el principio constitucional de reserva legal, por el cual sólo el Poder Legislativo puede dictar normas que limiten los derechos fundamentales, pues ordena al Fiscal requerir la incautación de todo el patrimonio de las personas de las que se presume estén involucradas en supuestos hechos de terrorismo y otros delitos. “violentando el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la propiedad”.
Al finalizar la carta sostiene “los hechos aquí resumidos no pueden quedar impunes, así como los autores, debiendo su autoridad proceder de acuerdo con las funciones que la Constitución le imponen a su investidura como defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad”.
Medidas
Esta misiva llegará oficialmente a la Fiscalía General de la Nación mañana lunes y la principal autoridad de esta instancia deberá analizar la denuncia para determinar si es que procede la apertura de una investigación sobre altos funcionarios del Poder Ejecutivo que se vieron involucrados en el caso de presunto terrorismo, denunciado entre abril y mayo de este año.
Caso Rózsa: se retrasará el lío de competencia
Terrorismo. Instituciones piden a la Fiscalía que intervenga en el caso
Henrry Ugarte A. | El Deber
La resolución del problema de competencia y jurisdicción en el proceso por el caso de supuesto terrorismo, se retrasará por lo menos dos semanas debido a la vacación judicial; sin embargo, el fiscal Marcelo Soza dejó en claro que la investigación del caso y las citaciones a nuevos implicados no se detendrán.
Dos juzgados de las jurisdicciones de La Paz y Santa Cruz se disputan el derecho a llevar el proceso, empero, la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Marcelo Soza, que la noche del pasado viernes participó del allanamiento a la oficina del abogado Alejandro Brown, de donde se llevó tres equipos de computación y material de escritorio, pasó el sábado en Santa Cruz analizando y definiendo la posibilidad de realizar nuevos allanamientos y citaciones.
El jurista Alejandro Brown tiene mandamiento de aprehensión y el fiscal lo acusa de haber tenido varios contactos con el supuesto líder del grupo terrorista Eduardo Rózsa.
Entre tanto, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la libertad, creado en Santa Cruz para defender a los perseguidos por el caso de supuesto terrorismo, envió una carta abierta el Fiscal General de la República, Mario Uribe, en la que pide que actúe de oficio para detener los atropellos que viene cometiendo el fiscal Marcelo Soza.
La carta de referencia detalla las irregularidades del investigador, a quien acusan de ser utilizado políticamente por el Gobierno.
El reclamo del Consejo es por el debido proceso y presunción de inocencia, torturas y vejámenes, juez natural, principio de reserva legal y control jurisdiccional.
La Federación de Ganaderos de Santa Cruz también protestó por los abusos.
Comentario: El adjetivo "vulneraciones" nos parece demasiado suave y benevolente debería usarse otros más directos y expresivos como "violaciones. asesinatos. persecusión y encarcelamiento injustos" porque lo que está sucediendo en Santa Cruz después del triple crimen del 16 de abril, es "un cuento del tío" que el gobierno no termina de poner en escena. Por más argumentos que busca no encuentra y no logra convencer a la opinión sensata de que hubo "genocidio, terrorismo y traición a la patria". Hasta el día de hoy, no ha probado nada porque los asesinados, no mataron a nadie, no robaron, ni siquiera planificaron un genocidio" de las dimensiones y en las circunstancias que los oficialistas pintaron desde el principio.
Por lo anterior, las entidades empresariales, las instituciones cívicas, las autoridades autonómicas deberían emprender una campaña a partir de buscar y encontrar un equipo multidisciplinario para "enderezar los entuertos", establecer la verdad y denunciar las burdas maniobras del masismo con el claro fin de enlodar a destacadas figuras del cruceñismo y de la oposición. En tal tarea deberían emplearse con las prestigiados y capaces profesionales abogados, juristas, sociólogos, comunicadores, estudiantes de todas éstas disciplinas para elaborar un documento, que ponga al descubierto toda la armadura, algunos le llaman "el montaje que puso en marcha el oficialismo" Además la denuncia tiene que ser pregonada al mundo entero para develar los velados procedimientos que utiliza el MAS (léase Evo Morales y su camarilla) para hacerse del poder mediante el cohecho, el miedo y el terrrorismo de estado que maneja con ayuda externa y con los recursos originados en los petro-dólares.
Como quiera que el tema amerita mayores ideas invitados a los lectores a escribir sus comentarios, observaciones y sugerencias que en primer término serán encaminadas al grupo Lider y luego a todas las Instituciones de Santa Cruz de la Sierra, de la OEA, de los DDHH y de Amnistïa Internacional.
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