Es una actitud indignante y vergonzosa: el gobierno ignoró de manera arrogante una huelga de hambre a favor de los derechos humanos, que iniciaron tres mujeres hace cinco semanas, y que acaban de suspender el 4 de junio. Por su silencio cómplice, los medios de información (o de desinformación)-salvo contadas excepciones- parecen darle razón a Evo Morales cuando los llamó "gallinas". En realidad, gallinas son también los del gobierno, cuya pleitesía hacia los militares lo lleva a construir, como Jaime Paz, "un puente sobre el río de sangre". Un puente de silencio arrogante, mentiroso e indolente.
Es doloroso constatar que un gobierno que se dice de izquierda, y que como tal debería respetar y promover los derechos humanos, hizo oídos sordos a los pedidos absolutamente razonables de los familiares de detenidos desaparecidos, que desde hace treinta años esperan algo de justicia.
Olga Flores Bedregal, Martha Montiel y Hortencia Gutierrez estaban en huelga de hambre desde el 5 de mayo. Los 30 días del calendario de hambre quedan manchados por el dolor de los que luchan por los derechos humanos y por la indiferencia de parte del gobierno y de los medios de difusión.
¿Qué piden los familiares de detenidos desaparecidos? Lo elemental, es decir, el estricto cumplimiento de la ley y de los compromisos de esclarecimiento histórico y reparación de las víctimas a los que el Estado se comprometió"
Que el Presidente Evo Morales, en su condición de capitán general de las FF.AA. ordene al ejercito la devolución de los restos de nuestros familiares y sus pertenencias que están bajo jurisdicción militar. Asimismo ordene la desclasificación de los archivos del Estado Mayor del Ejército como un derecho del pueblo a la información y de los familiares a conocer la VERDAD de lo que sucedió con ellos.
Que se abra inmediata investigación y exhumación de todos los casos de detenidos desaparecidos que se produjeron durante las dictaduras militares comenzando con el periodo de Teoponte.
Que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se comprometa a dar fin a la retardación de justicia y abra procesos disciplinarios contra todos los jueces que hasta el momento han distorsionado y obstruido la acción de la ley, en los casos de los desaparecidos: José Carlos Trujillo Oroza, Renato Ticona Estrada, Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Que el Congreso Nacional dé apertura a un Juicio de Responsabilidades contra el Fiscal General de la República Mario Uribe Melendrez porque en los casos señalados el Ministerio Público no sólo no ha cumplido con su rol de representar los intereses de la sociedad y el Estado sino que ha sido cómplice y encubridor de criminales.
Que el Parlamento Nacional controle y fiscalice el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes nacionales como la Ley 2640 y Convenios Internacionales de carácter vinculante que sancionan la desaparición forzada. En este sentido pedimos que el Parlamento Nacional emita un pronunciamiento.
La indolencia del gobierno, con sus izquierdistas de última hora y sus oportunistas de primera generación, es indigna de un proceso que se dice "fundacional" y de cambio. No es posible que aceptemos una burla tan ofensiva como el silencio que en última instancia es cómplice de las dictaduras. No es comprensible que los pocos genuinos hombres y mujeres de izquierda que todavía quedan en el esquema del MAS, como Antonio Peredo, no eleven sus voces en contra del manejo arbitrario que se hace de la justicia, y de la respuesta dilatoria y manipuladora de la verdad que hace el gobierno.
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba el caso, y que la opinión pública internacional, que todavía está seducida por el caramelo de un cambio histórico en Bolivia, empiece a darse cuenta de que las cosas no son como parecen en la superficie, y que Bolivia no sólo no cambia, sino que empeora.
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