ante organismos de DDHH se presentó senda denuncia contra Evo Morales por la masacre de Pando. documento disponible en el enlace del pie ilustrativo

Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) latinoamericanas acudieron esta martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para acusar al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad. Dichas o nGs están adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica.

El pasado mes de marzo, activistas de derechos humanos provenientes de Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay, realizaron un informe exhaustivo sobre los hechos de violencia suscitados en septiembre de 2008 en la provincia de Pando, y concluyeron que las masacres perpetradas en El Porvenir y en Cobija fueron planificadas y ejecutadas por funcionarios del gobierno boliviano, entre ellos el Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; con pleno conocimiento del presidente Evo Morales.

UnoAmérica publicó un resumen de la acusación, donde afirma que: "Primero, la agresión fue planificada; segundo, la incursión fue nocturna; tercero, los agresores eran foráneos; cuarto, se usaron tácticas militares; quinto, el objetivo era asesinar, lesionar, secuestrar, torturar y encarcelar a un sector de la población por su forma de pensar (opositores al gobierno); sexto, se violó el derecho al juicio justo y al debido proceso; séptimo, se negó el derecho a la información (Habeas Data); y octavo, en algunos casos, los cuerpos de seguridad del Estado usaron armas de guerra para agredir a ciudadanos civiles desarmados, y en otros, hubo omisión cómplice por parte de los funcionarios militares y policiales".

En ese entonces, el gobierno boliviano culpó a la oposición de la violencia, particularmente al prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien todavía permanece encarcelado injustamente hasta la fecha.

UnoAmérica asegura que “planificar enfrentamientos violentos y culpar posteriormente a la oposición -para así criminalizarla y perseguirla- se ha convertido en un modus operandi del gobierno de Evo Morales. Hechos similares a los de Pando ocurrieron anteriormente en Cochabamba y en Sucre”, dice el Informe.

La acusación fue introducida en la sede de la CIDH por el diputado Wálter Arrázola Mendivil (Bolivia), el abogado y defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo (Colombia), el activista de derechos humanos Iván Restrepo (Colombia), y el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa; en representación de las o nGs que elaboraron el Informe.

El documento fue redactado por el Dr. Jaime Arturo Restrepo y está suscrito por: La Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo (Perú), la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana, el Centro de Estudios por los Derechos Humanos de Uruguay, la Federación Verdad Colombia, la Fundación Orión (Venezuela), el Movimiento por la Verdadera Historia (Argentina), la o nG 1810 (Argentina), la Asociación Civil Fuerza Solidaria (Venezuela), el diputado Wálter Arrazola Mendivil (Bolivia), la Dra. Graca Salguero (Brasil), la Dra. María Fernanda Cabal (Colombia), el Dr. Marcelo Cypriano Motta (Brasil) y el Sr. Josué Meneses (Perú).

En la madrugada del 11 de septiembre, dos grupos de campesinos dirigidos por el MAS llegaron a los sectores de Tres Barracas y Cachuelita, donde se
encontraban las zanjas. Aproximadamente a las 03:00 horas, el primero de ellos, que venía de Filadelfia, disparó sus armas contra los autonomistas, produciendo como resultado los dos primeros heridos: Roger Arellana y Edgar Vaca. Dice una parte del informe de Pando de UnoAmérica.

Hay agravantes que deben resaltarse: Primero, las agresiones fueron planificadas con antelación; segundo, la incursión fue realizada en horas de la madrugada; tercero, quienes participaron en la agresión no eran pobladores locales, sino que fueron traídos de municipios aledaños e, incluso, de otros países ajenos a Bolivia; cuarto, los agresores estaban organizados militarmente y portaban armas; quinto, los campesinos estaban dirigidos por militantes del MAS, entre los cuales había funcionarios públicos, como por ejemplo, el alcalde Miguel “Chiquitín” Becerra, adversario declarado del prefecto Leopoldo Fernández; sexto, los agresores secuestraron a varios autonomistas para usarlos como escudo humano; y séptimo, no existe registro histórico de enfrentamientos similares en el pasado, puesto que el pueblo pandino se caracteriza por su actitud pacífica y amable, por lo que se deduce que los hechos de septiembre de 2008 fueron provocados por agentes externos, dice otra parte del documento.

El gobierno de Evo Morales responsabilizó a los autonomistas de los hechos de violencia y ordenó —esta vez sí— la intervención de los militares, pero
no para desalojar a los invasores masistas, sino para reprimir ferozmente a los pobladores locales, dictar un estado de sitio, y deponer y encarcelar al prefecto
Fernández, quien fue sustituido a dedo por un funcionario militar.

El informe completo sobre los hechos de Pando lo encontrará en el siguiente link:

http://www.hoybolivia.com/documentos/informedepando.pdf

Gisela Alcócer Caero ha producido una crónica dando a conocer una magnífica iniciativa del Consejo de Defensa de DDHH y de la Libertad contra el P.Ej.

Por Gisela Alcócer Caero – Los Tiempos – 21/06/2009

El Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad del Comité Pro Santa Cruz, envió una carta al Fiscal General de la Nación para denunciar lo que consideran son violaciones a los Derechos Humanos, efectuadas por algunas autoridades del Poder Ejecutivo. Los cívicos cruceños le recuerdan al Fiscal General que según el Código de Procedimiento Penal, está obligado a iniciar la investigación de este caso.

Según la denuncia, el Gobierno habría cometido cinco tipos distintos de vulneraciones en Santa Cruz, por la investigación del supuesto caso de terrorismo, pues no hubo un debido proceso ni presunción de inocencia, se registraron torturas y vejámenes, no se respetó al juez natural de la causa, no se respetó el principio de reserva legal, y los investigadores actuaron sin control jurisdiccional.

La carta sostiene que tras la muerte de tres ciudadanos extranjeros en el hotel Las Américas El 16 de abril de 2009, acusados de presuntos actos de terrorismo, se vulneró el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, en el que se establece la objetividad del Ministerio Publico, y los artículos 117 de la Constitución, que vela por el derecho al debido proceso y el 116 que determina la presunción de inocencia.

Aseguran que también se vulneraron esas normas “el 28 de abril del mismo año, cuando miembros de la Policía Nacional sin exhibir mandamiento de aprehensión ni ninguna notificación sobre investigación penal alguna, encañonaron y secuestraron a dos ciudadanos cruceños en franca violación de sus derechos constitucionales y llevándolos a La Paz por ordenes del Fiscal asignado sin contar con jurisdicción para llevar a cabo la investigación”.

Además la denuncia escrita sostiene que el 30 de abril se demostró a través de los medios de comunicación, la comisión por parte de la Policía de vejaciones y torturas a aquellos ciudadanos, quienes humillados en su dignidad se les vulneraron los derechos humanos reconocidos en el artículo 15 de la Constitución.

También denuncia que con la promulgación realizada el 20 de mayo de 2009 del Decreto Supremo 138, se vulneró el principio constitucional de reserva legal, por el cual sólo el Poder Legislativo puede dictar normas que limiten los derechos fundamentales, pues ordena al Fiscal requerir la incautación de todo el patrimonio de las personas de las que se presume estén involucradas en supuestos hechos de terrorismo y otros delitos. “violentando el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la propiedad”.

Al finalizar la carta sostiene “los hechos aquí resumidos no pueden quedar impunes, así como los autores, debiendo su autoridad proceder de acuerdo con las funciones que la Constitución le imponen a su investidura como defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad”.

Medidas

Esta misiva llegará oficialmente a la Fiscalía General de la Nación mañana lunes y la principal autoridad de esta instancia deberá analizar la denuncia para determinar si es que procede la apertura de una investigación sobre altos funcionarios del Poder Ejecutivo que se vieron involucrados en el caso de presunto terrorismo, denunciado entre abril y mayo de este año.

Caso Rózsa: se retrasará el lío de competencia

Terrorismo. Instituciones piden a la Fiscalía que intervenga en el caso

Henrry Ugarte A. | El Deber

La resolución del problema de competencia y jurisdicción en el proceso por el caso de supuesto terrorismo, se retrasará por lo menos dos semanas debido a la vacación judicial; sin embargo, el fiscal Marcelo Soza dejó en claro que la investigación del caso y las citaciones a nuevos implicados no se detendrán.

Dos juzgados de las jurisdicciones de La Paz y Santa Cruz se disputan el derecho a llevar el proceso, empero, la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal Marcelo Soza, que la noche del pasado viernes participó del allanamiento a la oficina del abogado Alejandro Brown, de donde se llevó tres equipos de computación y material de escritorio, pasó el sábado en Santa Cruz analizando y definiendo la posibilidad de realizar nuevos allanamientos y citaciones.

El jurista Alejandro Brown tiene mandamiento de aprehensión y el fiscal lo acusa de haber tenido varios contactos con el supuesto líder del grupo terrorista Eduardo Rózsa.

Entre tanto, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos y la libertad, creado en Santa Cruz para defender a los perseguidos por el caso de supuesto terrorismo, envió una carta abierta el Fiscal General de la República, Mario Uribe, en la que pide que actúe de oficio para detener los atropellos que viene cometiendo el fiscal Marcelo Soza.

La carta de referencia detalla las irregularidades del investigador, a quien acusan de ser utilizado políticamente por el Gobierno.

El reclamo del Consejo es por el debido proceso y presunción de inocencia, torturas y vejámenes, juez natural, principio de reserva legal y control jurisdiccional.

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz también protestó por los abusos.

Comentario: El adjetivo "vulneraciones" nos parece demasiado suave y benevolente debería usarse otros más directos y expresivos como "violaciones. asesinatos. persecusión y encarcelamiento injustos" porque lo que está sucediendo en Santa Cruz después del triple crimen del 16 de abril, es "un cuento del tío" que el gobierno no termina de poner en escena. Por más argumentos que busca no encuentra y no logra convencer a la opinión sensata de que hubo "genocidio, terrorismo y traición a la patria". Hasta el día de hoy, no ha probado nada porque los asesinados, no mataron a nadie, no robaron, ni siquiera planificaron un genocidio" de las dimensiones y en las circunstancias que los oficialistas pintaron desde el principio.

Por lo anterior, las entidades empresariales, las instituciones cívicas, las autoridades autonómicas deberían emprender una campaña a partir de buscar y encontrar un equipo multidisciplinario para "enderezar los entuertos", establecer la verdad y denunciar las burdas maniobras del masismo con el claro fin de enlodar a destacadas figuras del cruceñismo y de la oposición. En tal tarea deberían emplearse con las prestigiados y capaces profesionales abogados, juristas, sociólogos, comunicadores, estudiantes de todas éstas disciplinas para elaborar un documento, que ponga al descubierto toda la armadura, algunos le llaman "el montaje que puso en marcha el oficialismo" Además la denuncia tiene que ser pregonada al mundo entero para develar los velados procedimientos que utiliza el MAS (léase Evo Morales y su camarilla) para hacerse del poder mediante el cohecho, el miedo y el terrrorismo de estado que maneja con ayuda externa y con los recursos originados en los petro-dólares.

Como quiera que el tema amerita mayores ideas invitados a los lectores a escribir sus comentarios, observaciones y sugerencias que en primer término serán encaminadas al grupo Lider y luego a todas las Instituciones de Santa Cruz de la Sierra, de la OEA, de los DDHH y de Amnistïa Internacional.

alfonso gumucio con la mayor firmeza nos recuerda la huelga de hambre de tres mujeres, el silencio de los medios, y la gallinada del Evo desoyéndolas

Es una actitud indignante y vergonzosa: el gobierno ignoró de manera arrogante una huelga de hambre a favor de los derechos humanos, que iniciaron tres mujeres hace cinco semanas, y que acaban de suspender el 4 de junio. Por su silencio cómplice, los medios de información (o de desinformación)-salvo contadas excepciones- parecen darle razón a Evo Morales cuando los llamó "gallinas". En realidad, gallinas son también los del gobierno, cuya pleitesía hacia los militares lo lleva a construir, como Jaime Paz, "un puente sobre el río de sangre". Un puente de silencio arrogante, mentiroso e indolente.

Es doloroso constatar que un gobierno que se dice de izquierda, y que como tal debería respetar y promover los derechos humanos, hizo oídos sordos a los pedidos absolutamente razonables de los familiares de detenidos desaparecidos, que desde hace treinta años esperan algo de justicia.

Olga Flores Bedregal, Martha Montiel y Hortencia Gutierrez estaban en huelga de hambre desde el 5 de mayo. Los 30 días del calendario de hambre quedan manchados por el dolor de los que luchan por los derechos humanos y por la indiferencia de parte del gobierno y de los medios de difusión.

¿Qué piden los familiares de detenidos desaparecidos? Lo elemental, es decir, el estricto cumplimiento de la ley y de los compromisos de esclarecimiento histórico y reparación de las víctimas a los que el Estado se comprometió"

Que el Presidente Evo Morales, en su condición de capitán general de las FF.AA. ordene al ejercito la devolución de los restos de nuestros familiares y sus pertenencias que están bajo jurisdicción militar. Asimismo ordene la desclasificación de los archivos del Estado Mayor del Ejército como un derecho del pueblo a la información y de los familiares a conocer la VERDAD de lo que sucedió con ellos.

Que se abra inmediata investigación y exhumación de todos los casos de detenidos desaparecidos que se produjeron durante las dictaduras militares comenzando con el periodo de Teoponte.

Que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se comprometa a dar fin a la retardación de justicia y abra procesos disciplinarios contra todos los jueces que hasta el momento han distorsionado y obstruido la acción de la ley, en los casos de los desaparecidos: José Carlos Trujillo Oroza, Renato Ticona Estrada, Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Que el Congreso Nacional dé apertura a un Juicio de Responsabilidades contra el Fiscal General de la República Mario Uribe Melendrez porque en los casos señalados el Ministerio Público no sólo no ha cumplido con su rol de representar los intereses de la sociedad y el Estado sino que ha sido cómplice y encubridor de criminales.

Que el Parlamento Nacional controle y fiscalice el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes nacionales como la Ley 2640 y Convenios Internacionales de carácter vinculante que sancionan la desaparición forzada. En este sentido pedimos que el Parlamento Nacional emita un pronunciamiento.

La indolencia del gobierno, con sus izquierdistas de última hora y sus oportunistas de primera generación, es indigna de un proceso que se dice "fundacional" y de cambio. No es posible que aceptemos una burla tan ofensiva como el silencio que en última instancia es cómplice de las dictaduras. No es comprensible que los pocos genuinos hombres y mujeres de izquierda que todavía quedan en el esquema del MAS, como Antonio Peredo, no eleven sus voces en contra del manejo arbitrario que se hace de la justicia, y de la respuesta dilatoria y manipuladora de la verdad que hace el gobierno.

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba el caso, y que la opinión pública internacional, que todavía está seducida por el caramelo de un cambio histórico en Bolivia, empiece a darse cuenta de que las cosas no son como parecen en la superficie, y que Bolivia no sólo no cambia, sino que empeora.

el diario cooperativo OPINION sale por los fueros de los periodistas y califica abuso de poder a las bromas pesadas de Evo

La burla o la mofa contra los periodistas en que incurre el presidente Evo Morales, no puede ser considerado como algo anecdótico, ni mucho menos, pues partiendo del más alto cargo de la nación, se debería interpretar como abuso de poder.

Existe un refrán muy conocido, pero no por ello menos sabio y que dice que “respetos guardan respetos”. Ésta debe ser sin duda una forma de entender las relaciones cotidianas entre personas, más allá de su condición social, económica, credo u otras diferencias que hacen al ser humano.
Los vínculos por ejemplo entre gobernantes y gobernados tienen que estar rodeados de consideraciones respecto a la autoridad que posee una investidura que emerge del voto popular o de la función que se le ha encomendado, y viceversa, es decir, que la autoridad tiene que dispensar a su vez respeto al ciudadano y atenderlo con prontitud en la resolución de trámites y otras situaciones.
Lo mismo debe primar en las relaciones entre el Presidente y la prensa. Sería una falta de criterio que periodistas tengan palabras ofensivas contra la investidura del Primer Mandatario, o que adopten cierta confianza que no condiga con el respeto debido. Y la relación del Mandatario tiene que tener la misma reciprocidad. Es condenable por eso mismo que un periodista cruceño se refiera al Presidente con un lenguaje lleno de crasedades que raya en el insulto, pero es uno sólo.
Por ello, extraña que el presidente Evo Morales, de las acusaciones que pronunciaba contra la prensa, con aquello de “sucios” o que los “periodistas son sus peores enemigos” hubiese pasado, los últimos días, a la burla o la mofa. Durante una reunión de directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que arribaron al país para dialogar sobre la libertad de prensa, el Presidente dijo que los periodistas parecen “pollos de granja” aludiendo a las preguntas probablemente sonoras y desordenadas que le formulan cuando lo entrevistan, pretendiendo justificar de ese modo, su decisión de no conceder entrevistas a la prensa nacional, pues como se sabe las entrevistas del Presidente son selectivas, es decir, sólo están destinadas a la prensa extranjera que formula preguntas, previo cuestionario.
En el marco de la reunión de los productores de oleaginosas y trigo en Santa Cruz, el Presidente lanzó otra mofa a los periodistas llamándolos “gallos y gallinas”, cuando los periodistas le pidieron que conteste sus preguntas, desde el interior del recinto, el Presidente les respondió “gallos y gallinas” y siguió su curso.
Luego, cuando los camarógrafos fueron convocados para ingresar a la reunión, el Jefe de Estado levantó su vaso con leche de soya y a manera de brindis dijo: “salud pollitos”.
Esta conducta del Jefe de Estado no puede ser considerada como anecdótica, ni mucho menos, tomando como antecedente las tensas relaciones que Evo Morales ha marcado con los medios de comunicación social y los periodistas, desde el instante mismo en que juró al más alto cargo de la Nación.
Las relaciones entre el Primer Mandatario del Estado con la prensa, o con cualquier otra institución, tienen que estar rodeadas de un alto grado de respeto, y por muy conflictivas que sean, porque en toda interacción humana, y mucho más política y social, se presentan factores de resistencia cuando no de enfrentamiento, siempre debería primar el respeto y la prudencia. Los excesos verbales de quiénes ocupan los más altos cargos, caen indefectiblemente en un abuso de poder.