La trampa de las autocracias de Chile y BoliviaMauricio AiraConforme se ahonda en el conocimiento del origen de la ruina de la dictadura de Pinochet, se encuentra que a pocas semanas de tomarse el poder el 11 de septiembre de 1973, quiso establecer un precedente que le limpiase el camino de oposición
y le permitiese efectuar “el cambio” que había prometido con el derrocamiento del régimen constitucional de Allende. En efecto organizó la famosa “caravana de la muerte” un escuadrón del Ejército de Chile que recorrió la alargada geografía asesinando a más de 120 opositores al régimen en su mayoría militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) del PSC (Partido Socialista de Chile) del PC (Partido Comunista)
y a ciudadanos sin militancia alguna.
Entonces a poco de asumir el poder, cuando no había terminado de serenarse después de la sangre derramada en las cruentas jornadas de septiembre, el estrenado dictador, se sentía nervioso
e inseguro, tenía que sentar un escarmiento, dejar sentado un precedente, imponer el terror, había que proceder con mano fuerte
y qué mejor! Proceder al fusilamiento de todo vestigio de opositor, en base de las listas previamente elaboradas de virtuales o auténticos opositores. Además, para matar dos pájaros de un tiro, necesitaba comprometer a “sus leales camaradas”, convertirlos en “hermanos de sangre”, es decir sellar su alianza
y lealtad con la sangre de culpables
e inocentes que serían torturados y liquidados por la tristemente célebre CdelaM.
Un grupo de élite de soldados de infantería y varios oficiales del ejército formaron parte del escuadrón como el general Sergio Arellano Stark, más adelante veremos en detalle cada uno de los integrantes del grupo criminal y la relación que había con el ahora comandante en jefe de las FFAA de la nación, el teniente coronel Sergio Arredondo Gonzáles, el mayor Pedro Espinoza Bravo, un oficial de inteligencia más tarde jefe de operaciones de la famosa DINA (policía secreta) el capitán Marcelo Moren Brito que fuera comandante de Villa Grimaldi campo de torturas y el teniente Armando Fernández Larios involucrado en el asesinato de Orlando Letelier que ocurrió en las narices de la Casa Blanca, en pleno centro de Washington.
Guardando las proporciones Pinochet se sentía tan seguro, tan prepotente, tan predestinado que en su fuero interno, asumió la responsabilidad de la vida y la muerte de cientos, si acaso no de miles de sus conciudadanos a quienes borró del mundo de los vivos tiñendo sus manos de sangre. La tesis que sostenemos con el presente trabajo, es que aquel impulso inicial de asesinar a supuestos o reales opositores, y comprometer a militares en su gestión administrativa, le costó un altísimo precio. Cometidos los crímenes, deshacerse de los cuerpos no parecía difícil, se empeñó en borrar todo vestigio, empleó en ello sangre, hombres, ingentes recursos. Se podría afirmar que gran parte de su tiempo, día tras día estuvo consagrado a tapar vestigios, encubrir la verdad, por cuanto la Iglesia, los organismos de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional y otros empezaron a husmear y la verdad fue saliendo a flote poco a poco, demoró años, se decantó hasta arrebatarle el poder, llevarle a la cárcel, primero en Londres luego esporádicamente es cierto en Santiago, y mostrar sus demás delitos además de los criminales, el robo, el desfalco, el asalto a los bienes del Estado que comprometieron a toda su familia y sobre los cuales todavía no se ha dicho toda la verdad.
Sin perder el hilo del relato que es dramáticamente doloroso, el escuadrón recorría de prisión en prisión en un helicóptero Puma (qué casualidad del mismo modelo que utiliza
Evo Morales, prestado por el venezolano Hugo Chávez, dos de los cuales se estrellaron en circunstancias especiales) el escuadrón chileno vino ejecutando prisioneros con armas pequeñas y cortantes. Los cuerpos eran sepultados en fosas sin marcas. En la zona norte los crímenes fueron más cruentos con fusilamientos y ocultando los restos en el desierto de Atacama y otros despoblados. En Calama, el mismo sitio donde los chilenos mataron a nuestro héroe Eduardo Abaroa en 1879 por defender el litoral boliviano, el escuadrón asesino eligió 26 prisioneros al azar y sacados de la ciudad, los flagelaron y fusilaron y enterraron en una fosa clandestina con la idea de hacerlos desaparecer. ¡Qué criminales! Jamás se imaginaron que serían más tarde encontrados
e identificados uno tras otro. Varios libros se han escrito describiendo con detalle la secuencia criminal de la CdelaM, sobresale “La Misión era Matar” que establece lo que sostenemos “sentar un precedente para atemorizar la voluntad de resistencia del pueblo chileno. En vano, subalternos de Pinochet y cómplices de los crímenes trataron de justificar o explicar las razones para matar, más pudo la visión de jueces probos que descubrieron la verdad
e inculparon a los militares parte de los cuales hoy guardan prisión si acaso no han muerto siendo reos de la Justicia.
Los argumentos del autócrata Pinochet fueron los clásicos “había que salvar a la patria, o ellos o nosotros, teníamos que imponernos para sobrevivir, estábamos en guerra, etc., etc., “ más la sarta de insultos, denuestos, descalificaciones que lanzaba cotidianamente contra los comunistas, socialistas, izquierdas y terroristas que quisieron destruir la Nación. Demás está puntualizar que uno de sus blancos fueron los periodistas, varios cayeron directamente bajo la bala militar, otros fueron objeto de actos de terrorismo dentro y fuera de Chile, para ello utilizó ingentes recursos y la inteligencia internacional en acciones como la Operación Cóndor bien conocida de todos.
La acción represiva del pinochetismo llegó también a los “oficiales blandos” que se negaron al crimen como el coronel Efraín Jaña Girón destituido por incumplimiento de deberes militares y réemplazado por su segundo. Pinochet lo mantuvo preso varios años, el mayor Fernando Valenzuela relevado de su cargos por aplicar penas blandas, torturado en la academia de guerra de los Aviadores lo tuvieron encarcelado en Tacna.
Periodistas que vieron de cerca el proceso se preguntaron cómo y quién eligió a los integrantes de la CdelaM. Los once oficiales fueron reclutados por la sangre fría demostrada en la toma del poder tras la muerte de Salvador Allende, guardaron silencio cómplice después de la sangrienta ruta de la Caravana, comprobándose su lealtad hacia su jefe supremo Augusto Pinochet. Participaron personalmente en los fusilamientos por ello repetimos la nómica Sergio Arellano Stark, Sergio Arredondo Gonzáles, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Armando Fernández Larios, Juan Chiminelli Fullerton, Antonio Palomo Contreras (piloto de helicóptero que lanzó prisioneros al mar), Carlos López Tapia, Emilio de la Mahotiere Gonzáles, Luis Felipe Polanco.
De los testimonios de militares que se opusieron a las órdenes de matar, o que lo hicieron a regañadientes o que finalmente no tuvieron otra alternativa, llama la atención la del general Joaquín Lagos el 19 de octubre de 1973 “sentí con dolor, con impotencia y rabia, de cuanto hicieron en mi zona y a mis espaldas” con todo Lagos tuvo el valor de enviar una representación a Pinochet que se cree fue atenuante para detener la ola de asesinatos, aunque 28 años después tuvo que reconocer que cambió el informe a pedido del mismo Pinochet para no imputar a Arellano de las órdenes de matar. Lagos conservó el original del informe y lo dio a luz al mismo tiempo que el original del presentado a Pinochet. Allí en aquel gesto se aprecia de cuerpo entero la doble moral del dictador que nunca pudo conciliar el sueño y que gastó su tiempo, mucho dinero del Estado, toda “la inteligencia “ posible para destruir evidencias, enmascarar la verdad, de los crímenes de la caravana…y de los atentados terroristas ordenados a sus secuaces en los casos de Letelier,
Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Argentina y del general Bernado Leighton y su esposa en Roma.
Al invocar el Estatuto de la Guerra, a partir del 11 de septiembre de 1973 no sólo regía en Chile el Código de Justicia Militar sino también los Convenios de Ginebra, que prohiben la ejecución sumaria de un prisionero de guerra. Desde el reconocimiento de la Corte Suprema, en 1998, de la vigencia de los Convenios de Ginebra, no se ha amnistiado ningún delito. Esto fue uno de los factores que contribuyeron a los avances que tuvo el caso Caravana de la Muerte.
Lo que ocurrió en el largo proceso de las acusaciones y el sobreseimiento a Pinochet por el caso específico de la Caravana de la Muerte, sirvió para que el mundo entero sintiera el cambio operado. Hoy en día existe una preocupación más real por los DDHH a nivel mundial. El Tribunal Penal Internacional no existía entonces, hoy es un ente vivo al que están recurriendo las organizaciones y las familias de las víctimas de
Evo Morales, jurado que logró detener a Pinochet en el apogeo de su gloria y de su poder en la ciudad de Londres en uno de sus viajes turísticos con la actuación del Juez Garzón, antecedente que debería servir de alerta a los autócratas de hoy, para que sepan que fuera de las fronteras de su territorio no estarán más seguros, el largo brazo de la justicia siempre podrá alcanzarles, al margen del poder y de la protección que pudieran tener por el uso temporal de cargos públicos. Además, Morales como Pinochet, guardando las proporciones tendrá que utilizar todo su tiempo, muchos recursos y cometer más atropellos para encubrir los primeros crímenes, tapar la verdad y rodearse de tal propaganda que ningún medio se atreva a decir la verdad y descubrir el delito, habida cuenta que con sus últimas actuaciones anuló el Poder Judicial gravísimo error que lo convierte en régimen de facto.
El proceso podrá ser largo, de muchos meses con la participación de los defensores de los derechos humanos, de las víctimas, familiares y de las organizaciones humanitarias como la Iglesia, la Cruz Roja, los abogados querellantes hasta lograr imponer resoluciones judiciales contrarias al stablishment que por el momento le es propicio.
De utilidad recordar que apenas asumido el poder, con decreto ley número 5, la Junta Militar dio una nueva interpretación al art. 418 del Código de Justicia Militar, comparando al estado de sitio, con sinónimo de estado de guerra civil, para justificar los consejos de guerra, para evitar juicios justos en la justicia civil, lo que concedió Pinochet a sus “oficiales de confianza el permiso para matar”. En aquel momento, Pinochet estaba decretando su propia condena que tardó en llegar, pero finalmente llegó. Allí como acá, entonces como hoy día, al invocar Estatuto de la Guerra, se estaba legislando que también entraban en vigencia los Convenios de Ginebra, que prohíben la ejecución sumaria de un prisionero de guerra. El espíritu de estas disposiciones permitió el enjuiciamiento de Pinochet a nivel global. Luego del capítulo de su detención en una prisión de Londres a cargo del Juez Garzón de España y su retorno a Santiago aduciendo razones de salud, conducido en silla de ruedas y poniéndose de pie nomás al llegar en un acto de burla y engaño a la justicia internacional, Pinochet nunca más pudo salir de Chile. Fue acusado, recluido, liberado durante muchos meses y se mantuvo a salto de mata pretendiendo eludir a la justicia, finalmente murió por enfermedad y su muerte fue celebrada por júbilo dentro y fuera de Chile, porque moría el tirano que había engañado tanto y causado tantas muertes. Chile volvía a disfrutar de la tan añorada paz, aunque la justicia ha seguido, sigue persiguiendo el castigo de los delitos entre otros militares y entre los familiares del dictador en sendos juicios judiciales muy lejos de concluir. Se inscribe así un importante capítulo de la historia de América con el final de un régimen autócrata que duró mucho tiempo.