Editorial de La Prensa.
El ciudadano Ramírez
El Palacio Quemado quedó convertido en cadalso, donde la víctima ni siquiera tuvo la oportunidad de ensayar una defensa.
La humillación de la que fue objeto nuestro periodista Raphael Ramírez por parte del presidente de la República, Evo Morales, nos duele. Nos duele en lo más profundo, pero no sólo porque el periodista Ramírez sea uno de los nuestros, colega de trabajo y amigo, sino porque Ramírez encarna a todo ciudadano boliviano que ha sido humillado públicamente por nada menos que el Primer Mandatario de la nación.
Nos duele ver que un Presidente utilice el poder conferido por el pueblo para volcarlo en contra de éste. Jamás en la historia de este país se ha visto que un líder elegido por el voto popular haya descargado tanto odio y desprecio contra ciudadanos, instituciones y autoridades que forman parte del tejido social y democrático.
La noche del pasado martes y frente a las cámaras de televisión, Evo Morales sometió al escarnio a un ciudadano que se gana la vida honestamente como comunicador social. El Palacio Quemado quedó convertido en cadalso, donde la víctima ni siquiera tuvo la oportunidad de ensayar una defensa. La impotencia en el rostro del periodista Ramírez es la misma que la que siente el empresario señalado por el Presidente como explotador, o la del magistrado acusado de prevaricato por sólo ejercer su cargo, o la del ex servidor público estigmatizado como corrupto, o la del opositor prejuzgado como terrorista. Nadie se salva de la diatriba presidencial y a nadie se le concede el derecho de defenderse ante las instancias correspondientes.
Sin embargo, es necesario ver un poco más allá de las afrentas. No nos olvidemos que esta última arremetida desde el Palacio Quemado tiene sus orígenes en las gravísimas denuncias de corrupción que se han presentado contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Declaraciones de ex funcionarios aduaneros, cartas impregnadas de tráfico de influencias y hojas de ruta de camiones cargados con mercadería de contrabando son evidencias más que suficientes para que cualquier ciudadano responda ante la justicia sin ningún tipo de privilegios.
Bien podría el ministro Quintana hacer uso de su derecho a defenderse dentro de un justo proceso —un derecho que, paradójicamente, se les niega a quienes son acusados a diestra y siniestra por los gobernantes—, pero la estrategia del hombre fuerte de la Presidencia es la de contraatacar a sus acusadores y a quienes buscan llegar a la verdad, para neutralizarlos.
Hemos sido testigos de similar estrategia la noche del martes. Esta vez le tocó al periodista Ramírez convertirse en blanco de los “cañonazos” gubernamentales que buscan levantar una cortina de humo frente a los temas de fondo. Por eso nos duele que ciudadanos inocentes tengan que sufrir las consecuencias de los abusos del poder.
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