Sobre la demanda marítima, el Gobierno del presidente Evo Morales acaba de tirar la pelota a las tribunas, con lo que pretende sentirse aliviado para ganar tiempo y, si fuera posible, popularidad. Pero el verdadero problema, el de la economía, no tiene una escapatoria tan fácil.
La situación de la economía no ha mejorado desde que el 27 de diciembre el presidente Morales la definiera como “insostenible”, cuando todavía tenía la intención de eliminar los subsidios a los carburantes mediante lo que se conoce ahora como el “gasolinazo”.
Nada ha cambiado desde entonces, excepto que los precios se han disparado, precisamente como consecuencia de aquel intento de aplicar un remedio doloroso a la situación económica. Es decir que ahora la economía es más insostenible que hace tres meses.
El equipo económico del Gobierno ha mostrado que no tiene la menor idea sobre cómo resolver el problema. Solo atina a dar golpes de ciego, pretendiendo invadir el presupuesto de las universidades, reducir el costo del sistema de las normales, pero no se atreve ni siquiera a pensar que debe reducir el gasto público, que se duplicó en los últimos cinco años.
El intento de evitar la exportación ilegal de carburantes apuntando a las gasolineras ha resultado para el Gobierno una experiencia frustrante y dolorosa. Solo ha logrado cerrar 42 de ellas para pasarlas al dominio de YPFB, de donde serán transferidas probablemente al control de amigos del partido gobernante.
La posición firme de la asociación de surtidores de todo el país, que llegó a amenazar con devolverlos todos de inmediato al Estado, dejó al Gobierno paralizado.
El presidente Evo Morales habría pedido a sus parlamentarios que aprueben una ley para aplicar ajustes graduales en el precio de los carburantes, con la idea de que él mismo intervenga luego como un salvador en caso de que llegara a producirse un debate muy intenso.
Las propuestas del ministro de Economía no son muy imaginativas, pues se limitan a acelerar el proceso de apreciación de la moneda nacional, o a reducir el circulante.
Mientras tanto, la carga explosiva que hace insostenible la situación se acrecienta conforme sube el precio internacional del petróleo, el contrabando de salida no varía y el gasto público sigue creciendo al ritmo que cae la popularidad del primer mandatario.
La inflación adquiere un ritmo acelerado conforme se anuncian nuevos problemas de escasez y el sistema productivo minero solo respira gracias a los descomunales precios internacionales.
Lo peor de todo es que el gas natural ya no es suficiente para atender todos los compromisos y se han levantado voces que proponen parar las exportaciones.
Cualquier variación de los elementos de este delicado equilibrio podría provocar el colapso.
El Gobierno sigue jugando a la política, opinando a favor de Gadafi, en contra de la ONU, sugiriendo leyes que autoricen el uso de la tortura, acosando a los medios de comunicación independientes, los pocos que quedan, y rompiendo el diálogo que inició por su propia iniciativa con Chile.
Pero la economía no perdona. Y no queda mucho tiempo.
La situación de la economía no ha mejorado desde que el 27 de diciembre el presidente Morales la definiera como “insostenible”, cuando todavía tenía la intención de eliminar los subsidios a los carburantes mediante lo que se conoce ahora como el “gasolinazo”.
Nada ha cambiado desde entonces, excepto que los precios se han disparado, precisamente como consecuencia de aquel intento de aplicar un remedio doloroso a la situación económica. Es decir que ahora la economía es más insostenible que hace tres meses.
El equipo económico del Gobierno ha mostrado que no tiene la menor idea sobre cómo resolver el problema. Solo atina a dar golpes de ciego, pretendiendo invadir el presupuesto de las universidades, reducir el costo del sistema de las normales, pero no se atreve ni siquiera a pensar que debe reducir el gasto público, que se duplicó en los últimos cinco años.
El intento de evitar la exportación ilegal de carburantes apuntando a las gasolineras ha resultado para el Gobierno una experiencia frustrante y dolorosa. Solo ha logrado cerrar 42 de ellas para pasarlas al dominio de YPFB, de donde serán transferidas probablemente al control de amigos del partido gobernante.
La posición firme de la asociación de surtidores de todo el país, que llegó a amenazar con devolverlos todos de inmediato al Estado, dejó al Gobierno paralizado.
El presidente Evo Morales habría pedido a sus parlamentarios que aprueben una ley para aplicar ajustes graduales en el precio de los carburantes, con la idea de que él mismo intervenga luego como un salvador en caso de que llegara a producirse un debate muy intenso.
Las propuestas del ministro de Economía no son muy imaginativas, pues se limitan a acelerar el proceso de apreciación de la moneda nacional, o a reducir el circulante.
Mientras tanto, la carga explosiva que hace insostenible la situación se acrecienta conforme sube el precio internacional del petróleo, el contrabando de salida no varía y el gasto público sigue creciendo al ritmo que cae la popularidad del primer mandatario.
La inflación adquiere un ritmo acelerado conforme se anuncian nuevos problemas de escasez y el sistema productivo minero solo respira gracias a los descomunales precios internacionales.
Lo peor de todo es que el gas natural ya no es suficiente para atender todos los compromisos y se han levantado voces que proponen parar las exportaciones.
Cualquier variación de los elementos de este delicado equilibrio podría provocar el colapso.
El Gobierno sigue jugando a la política, opinando a favor de Gadafi, en contra de la ONU, sugiriendo leyes que autoricen el uso de la tortura, acosando a los medios de comunicación independientes, los pocos que quedan, y rompiendo el diálogo que inició por su propia iniciativa con Chile.
Pero la economía no perdona. Y no queda mucho tiempo.
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