El maíz y el cemento son dos productos elementales para cualquier economía. “Sin maíz no hay país”, solía decir el ex presidente Víctor Paz Estenssoro y no se necesita ser poeta ni experto economista para afirmar que “sin cemento no hay crecimiento”. Paradójicamente, ambos productos están faltando en Bolivia y justamente el Gobierno tiene mucho que ver en esa escasez que, por un lado, tiende a generar inflación y por el otro, le pone un freno a la industria de la construcción, una de las pocas actividades que está en auge en el país, sin mencionar por supuesto a la coca y otros rubros ilegales, que precisamente son las que incentivan en gran parte la bonanza de las edificaciones. Todo va de la mano.
Y así se encadenan también las acciones del Estado Plurinacional con la vida empresarial y a partir de lo que ocurre con el cemento y el maíz, se puede constatar que el impacto de dichas medidas sobre el consumidor se vuelve incontrolable, por más camisas de fuerza que intenten ponerle los técnicos del Gobierno; es decir, precios máximos, prohibiciones a la exportación y otras determinaciones que ya fueron tomadas y que justamente explican el desbarajuste.
La falta de cemento no es otra cosa que una consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos que ha devenido en una caída estrepitosa de la producción. Desde hace años, muchas industrias de Santa Cruz, de El Alto y de Tarija, han tenido que buscar fuentes alternativas de energía ante la imposibilidad de apelar al gas y en numerosos casos, excelentes proyectos empresariales han tenido que archivarse ante la falta del energético. El Mutún no arranca, entre otras razones, porque no hay gas suficiente y obviamente, en este cuatro tan negativo (no olvidemos que Bolivia perdió el mercado de gas de Cuiabá ) le tenía que llegar el turno a las fábricas de cemento, que ahora se ven impedidas de acompañar el crecimiento de la demanda.
Frente a esta emergencia, el Gobierno no tiene mejor idea que nacionalizar la principal fábrica de cemento del país y naturalmente está obligado a realizar cuantiosas importaciones de este producto para paliar la escasez. El Estado no solamente gastará millonadas del Tesoro en comprar cemento más caro del exterior, sino que al mismo tiempo incidirá negativamente en la industria nacional. Lo que ocurra con Fancesa será sin duda alguna “la cereza” sobre esta torta tan desagradable.
El maíz comenzó a escasear en el mundo entero hace unos cinco años o tal vez más y los precios empezaron a subir. Llegó el MAS al Gobierno y lo primero que hizo fue frenar las exportaciones de este cereal. Esta medida, sumada a la inseguridad jurídica de los agricultores, se constituyó en un freno para expandir la producción y obviamente al caer la demanda, el precio se fue a las nubes, hecho que repercute en toda la cadena, como el pollo y otros forrajes alternativos. En lugar de incentivar cultivos adicionales (cosa que aparentemente comenzará a hacer) los operadores gubernamentales anuncian importaciones, lo que consolida el círculo vicioso. La gran novedad es que el factor precio, ese que ha estado controlando el Gobierno con cierto éxito, se ha vuelto una amenaza que no cede.
El Gobierno tiene mucho que ver en esa escasez que, por un lado, genera inflación y por otro, pone un freno a la industria constructora.
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