Atropellando la soberanía territorial de Bolivia, los vicecancilleres Van Klaveren, de Chile, y Fernández, de Bolivia, han definido en principio que el agua del Silala es un río de curso sucesivo y compartido. Nuestro país recibiría $us 17.000 diarios, según declaraciones del viceministro Fernández, no obstante que está técnicamente demostrado que el Silala es un manantial (bofedal) que nace en Sud Lípez. Estas aguas fueron desviadas arbitrariamente por Chile mediante la construcción de canales artificiales, del mismo modo como en 1962, desvió abusivamente el río Lauca.
El ingeniero Bazoberry explica que en esa región del Quetena Chico no escurre el agua porque no llueve, ni hay deshielo que pueda filtrarse en el subsuelo para originar vertientes que afloren y escurran por gravedad los suelos volcánicos permeables. El origen del Silala corresponde a un aluvión por escurrimiento de aguas fluvio-glaciales en las hondonadas del cantón Quetena Chico hace más 10.000 años, saliendo a la superficie como manantial. Geológicamente se demostró que el Silala jamás puede clasificarse como un río de curso sucesivo binacional.
Según datos hidrométricos realizados durante 95 años, la deuda de Chile en 100 años de explotación alcanzaría a $us 797.803.470; en consecuencia, los $us 17.000 por día que Chile ofrece representa apenas un 2% del ingreso anual que sería $us 79.780,347, por la venta de las aguas del manantial boliviano, calculando un precio mínimo de 90 centavos de dólar por metro cúbico de agua.
Por declaraciones del vocero del Ejecutivo, se está “politizando” el tema, refiriéndose a la protesta, sin amenazas, de los complacientes cívicos potosinos que sólo piden la renuncia del vicecanciller Fernández por la forma como dirigió las negociaciones con el Gobierno transandino. Para los partidarios de Evo Morales, aquellos que “defienden” los intereses de la patria son políticos que quieren desprestigiarlos. En este caso, “regalar” un recurso natural que es absolutamente boliviano es un delito político de “lesa Patria”, perverso e incomprensible.
El Legislativo y sus comisiones de Política Internacional están en la obligación de abrir un debate de expertos en el tema para no dar curso a las pretensiones de Chile y no obrar sin consultar a personas profesionales y técnicos en la materia, utilizando, en cambio, su consabido lema de “dignidad con soberanía” con el que se quiere firmar otro acuerdo leonino como los que firmaba Melgarejo con el país vecino. En el seno de la comisión de Política Internacional de Diputados cursan los documentos e informes técnicos que en pasadas legislaturas se acumularon.
Se sabe que mediante un acuerdo que será suscrito dentro de la “agenda de 13 puntos” se establece que las aguas del Silala son de propiedad de Bolivia y Chile, lo que es absolutamente falso e inicuo. A pesar de la evidencia del usufructo gratuito chileno, la representación boliviana acepta compartirlas con el país que hace un uso abusivo por más de 100 años. Con esa forma de actuar, nuestros delegados se someten una vez más a las exigencias ilegales del vecino.
El Presidente debe ordenar que se detenga el acuerdo que da derecho a Chile a utilizar el 50% de las aguas bolivianas, porque eso significa claudicar de nuestra soberanía sobre el Silala y la región del Quetena, aceptando que la prédica del MAS en el Gobierno nacional es la defensa de los recursos naturales.
* Ex Canciller y ex congresal
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