Una anómala escalada
Es probable que sea importante la revolución que se propone llevar adelante el Gobierno, pero quizá sea oportuno que, además de ocuparse del calendario de las votaciones que están pendientes, alguien se ocupe de la imagen del país y de la seguridad de las personas.
Una aguda sensación de incertidumbre y desesperación se vive en Bolivia desde hace algunas semanas, aunque se suponía que el malestar podía aplacarse luego de la aprobación de la Ley de Régimen Electoral de Transición, que tantas inquietudes provocó entre la ciudadanía y tan cuantiosas amenazas de inestabilidad institucional transmitió al mundo.
La tranquilidad se ha esfumado del país, al menos estos días. A la huelga de hambre del Primer Mandatario y la consecuente aprobación de la norma constitucional, se ha sumado el atentado contra el cardenal Julio Terrazas en su domicilio en Santa Cruz, mediante una poderosa bomba, además del asesinato de tres sujetos, aparentemente en un ajuste de cuentas del narcotráfico, y, asimismo, en condiciones similares hasta ahora no aclaradas, el “ajusticiamiento” de siete personas más en San Matías, frontera con Brasil. A esto se ha sumado la muerte, en un aparente enfrentamiento con fuerzas del orden, de tres presuntos terroristas —dos de ellos extranjeros— en un hotel, todo lo anterior en el departamento de Santa Cruz.
El clima de incertidumbre y angustia se nutre también de las noticias sobre el asalto a una patrulla de policías en la mina Himalaya, con el secuestro de sus armas —que todavía no han sido recuperadas—, la ocupación de otras 15 minas en el occidente, dos de ellas en la zona de Teoponte, además del cerco al que ha sido sometido el campo petrolero Víbora, en Santa Cruz, por originarios de la zona que exigen una participación en las utilidades de la operación económica.
Fuerzas policiales atacadas en el Chapare por cocaleros armados, en hechos que nadie investiga ni se propone castigar, plantaciones de coca que han invadido incluso los parques nacionales, el narcotráfico copando casi todo el territorio; en suma, el país convertido en uno de los mayores centros de producción de droga de Sudamérica.
Más de una decena de muertes por asesinato, en distintos lugares y en tan pocos días, resulta demasiado. Esto debe preocuparnos a todos, sin la menor duda.
Ahora que el Presidente está fuera del país cumpliendo con su agenda internacional en Venezuela y Trinidad y Tobago, y que su presencia debe ser debidamente representada, se tiene que actuar de acuerdo a las leyes, pero sin ninguna demora. Justamente para frenar esta anómala escalada violenta se necesita de serenidad, prudencia, pero también de decisión. No sería posible admitir que el país, además de la endémica pugna política interna, esté expuesto a bandas de narcotraficantes y, peor aún, que a lo anterior se sume el terrorismo, como sospechan algunas autoridades nacionales.
Todo este negro panorama tiñe de desprestigio a la imagen internacional del país. Si los inversionistas no se atreven a venir porque comprueban que no hay seguridad jurídica para sus operaciones, ahora ni siquiera los turistas querrán llegar, por el temor a que el hotel donde están alojados se convierta en un campo de batalla. Es probable que sea muy importante la revolución que se propone llevar adelante el Gobierno, pero quizá sea oportuno que, además de ocuparse del calendario de las votaciones que están pendientes, alguien se ocupe de la imagen del país, de la seguridad de las personas, de la integridad de las instituciones y de la permanencia del país.
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