La crisis institucional que paraliza a Honduras desde hace ya tres meses tiene una posible salida democrática natural, no traumática. Consiste en asegurar que el próximo 29 de noviembre se realicen las elecciones nacionales previstas en un calendario definido hace más de un año. A través de ellas, sería el pueblo hondureño el que decidiría libremente su futuro.
Sin irresponsables llamados a la insurrección ni inaceptables empujones foráneos a los que se plegó el gobierno argentino ni forcejeos militares ni más violaciones constitucionales por parte de algunos de los actores centrales de ambos bandos del conflicto, las elecciones representan una inmejorable posibilidad cierta de crear un clima favorable para la reconciliación.
Hay algunas señales que sugieren que esta alternativa, que siempre estuvo a la vista, pueda ser la alternativa que finalmente impulse y apoye la comunidad internacional, directamente interesada en encontrar una solución a la crisis, ahora en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por impulso de Brasil.
La primera señal es el reconocimiento tardío, pero oportuno del mediador Oscar Arias , presidente de Costa Rica, de que aislar a Honduras no ayuda. Eso ha radicalizado ciertas actitudes. En línea con esta visión, los embajadores de la Unión Europea están retornando a Tegicugalpa, así como los diputados que apoyan a Manuel Zelaya están retornando a sus bancas en el Congreso. Eso devuelve una cuota de normalidad, acaso la moneda más escasa en Honduras.
La segunda señal provino de la Organización de los Estados Americanos (OEA): no logró el lunes el consenso para aniquilar como algunos pretendían, incluida la Argentina, la alternativa natural de salida, la de las elecciones. No tuvo consenso para decidir que no se reconocerán las elecciones que puedan realizarse. Esto supone trabajar aceleradamente para asegurar en forma adecuada la neutralidad del proceso y que nadie lo perturbe. Cabe recordar que hace casi un año se llevaron a cabo las elecciones internas en los distintos partidos políticos y que contaron con la supervisión de la propia OEA. Si esto se ha logrado, no es imposible que los candidatos presidenciales, que han mostrado hasta ahora una ponderable cordura, pudieran avalar, todos, la alternativa de las urnas.
El presidente Zelaya podría entonces ser repuesto en su cargo, aunque para renunciar después y posibilitar la conformación de un gobierno interino de unidad que, con la participación de los organismos multilaterales, garantice la trasparencia electoral. Esto supondría un acto de grandeza por parte de Zelaya, que debería renunciar a sus controvertidos, e inconstitucionales, apetitos de reelección. Está claro que la enorme desconfianza que él provoca y la injerencia de Hugo Chávez parecen imposibilitar que sea él quien maneje el Poder Ejecutivo durante el proceso electoral. Esto supone, a su vez, el inevitable paso al costado de Roberto Micheletti, para lo cual debería haber una amnistía general y garantías de la vigencia de las libertades y las prerrogativas constitucionales.
Para Honduras, ésta es la oportunidad más clara para salir de la crisis. Para los líderes involucrados, esto supone deponer o postergar sus ambiciones personales en beneficio del país. Es lo menos que deberían hacer desde que flota sobre ellos nada menos que la responsabilidad de haberlo llevado al borde del abismo.
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