en pocas líneas comparando Bolivia con Somalia, Humberto Vacaflor describe el Estado Fallido a que nos ha conducido Evo Morales

En Somalia se vivió una situación similar a la que ahora vive Bolivia. La droga, el contrabando y las guerras internas terminaron con ese Estado en 1991: desde entonces allí sólo existe un territorio sin leyes donde reina el narcotráfico y donde se refugian piratas que controlan el océano Índico.
Los síntomas eran parecidos. La diferencia entre los dos casos es que en Somalia nadie planificó la destrucción del Estado: el hecho se dio como resultado de situaciones descontroladas.
En Bolivia, en cambio, las bases del caos están contenidas en un documento que fue preparado con mucho detalle por expertos extranjeros y nacionales, en ese orden. El documento se llama Constitución Política del Estado (CPE).
Lo que acaba de ocurrir en Uncía tiene su respaldo –o su inspiración– en el art. 30 de ese documento, donde dice que los pueblos originarios tienen derecho “a la libre determinación y territorialidad”.
Es decir que si los cinco ayllus de la zona han decidido declarar zona libre de las leyes del ‘Estado kara’ a su territorio, no han cometido delito. Tampoco pueden ser observados por aplicar la justicia comunitaria para ajusticiar a cuatro policías (art. 190), pues la justicia ordinaria no tiene facultades para intervenir (en Ecuador, en cambio, un juez del sistema indígena acaba de ser suspendido por la justicia ordinaria, a la que aquella está sometida).
Es probable que los redactores de la CPE no hayan pensado provocar lo que ahora se da y que sólo hayan pretendido borrar la huella del colonialismo retrocediendo el reloj de la historia. Pero lo que han conseguido es que en Bolivia se presente ahora una situación similar a la que se daba en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, hace 2.000 años, cuando la tribu no había sido absorbida aún por el Estado.
Lo que han conseguido estos señores es generar esta situación de disolución del Estado, dando la razón a quienes estaban pronosticando que en Sudamérica iba a cambiar el mapa, en una especie de cataclismo político, consecuencia de la desaparición de un país.
La charlatanería de los ideólogos con mentalidades precolombinas ha llevado las cosas demasiado lejos. El Estado boliviano está diluyéndose. Cuando eso ocurre –se ha visto en Somalia– los únicos que se benefician son los capos de las mafias que controlan las drogas, el contrabando y el terror.
Ante semejante panorama de aflojamiento de las leyes y las normas, no tiene nada de raro que, en este momento, el Ejército boliviano esté bloqueando un puente en La Paz al mismo tiempo que el narcotráfico provoca muertes en las fronteras con Brasil y Chile.
La alarma hace que en esos dos países se produzcan expresiones de inquietud ante el descontrol que se da en territorio boliviano. El Gobierno chileno analiza la idea de instalar un cerco electrónico en la frontera y el candidato opositor brasileño José Serra dice que el Gobierno boliviano es cómplice del narcotráfico que abastece de cocaína a las 200 favelas de Brasil.
Bolivia se ha convertido en un problema para la región, como Somalia para África.

editorial de La Nación que resulta como anillo al dedo por la frecuencia de sicarios y mercenarios que aparecen en el crimen boliviano

La contundencia de ciertos hechos permite afirmar que en nuestro país no sólo existen asesinos a sueldo y que su actividad se ha incrementado y perfeccionado, sino que en los últimos tiempos se ha llegado al extremo de contratar a sicarios extranjeros.

En el negocio del tráfico y la venta de droga, aunque no solamente en este rubro, se suele contratar a esos profesionales de la muerte. Hay asesinatos cuyas modalidades de ejecución producen una calculada y voluntaria difusión del hecho para que el ajusticiamiento opere también como un mensaje mafioso que los instigadores o autores intelectuales quieren transmitir a otras personas.

Hay, además, ejecuciones realizadas de tal manera que a los más avezados investigadores les queda la duda de si se trató de un homicidio a secas o, por ejemplo, de un homicidio en ocasión de robo. La ambigüedad de la interpretación ha sido calculada por los homicidas.

En julio de 2008 dos narcotraficantes colombianos fueron fusilados en el supermercado Unicenter. Una de las hipótesis en danza es que habrían participado integrantes de la barra brava de Boca. En febrero de 2009 fue asesinado el colombiano Juan Galvis Ramírez en el marco de enfrentamientos internos dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar vinculado con el narcotráfico.

En cuanto al crimen del neurocirujano Claudio Urbina, asesinado cuando llegaba a su casa en Boulogne, también habría sido ejecutado por profesionales, pero los policías sospechan que la intención de los sicarios fue ocasionarle un susto y luego algo salió mal. Parten de la base de que le dispararon con un fusil automático liviano (FAL), un arma de guerra que no suelen emplear los sicarios.

La desgraciada profesionalización del crimen y la contratación de sicarios seguramente obedece, entre otros factores, al incremento del delito en general -y de sus ganancias- y a la paralela ineficiencia policial. Por otra parte, la gran desventaja que entrañan los asesinatos por encargo realizados por profesionales es que, si han sido bien ejecutados, se encuentran entre los delitos más difíciles de probar y de castigar.

Como, afortunadamente, la Argentina no cuenta todavía con muchos sicarios capacitados, los delincuentes suelen buscarlos en el exterior. Por lo tanto, una vez que estos asesinos llevan a cabo su cometido, regresan a sus países de origen tornando aún más difícil el esclarecimiento del hecho.

En Colombia, México y Perú el crimen organizado ha formado desde hace tiempo a estos matones profesionales. Y, aunque es ilegal, en Internet suelen aparecer páginas que promocionan los servicios de esos asesinos.

Lo cierto es que en la Argentina el crimen organizado recurre cada vez con mayor frecuencia a esos servicios que, como ya dijimos, prácticamente conllevan una garantía de impunidad.

Sin embargo, esta peligrosa característica no debe ser argumento para que los investigadores policiales se resignen. Lamentablemente, el combate contra el delito en general muestra el fracaso no tanto de la policía sino de las políticas de seguridad. Delitos mucho menos complejos que los cometidos por sicarios quedan impunes.

Por lo tanto, es preciso trazar políticas serias y coherentes de lucha contra el delito en todas sus gamas, porque de esa manera se estaría combatiendo a quienes, para continuar con sus acciones ilegales, echan mano de los sicarios.

policia corrupta que no logra limpiar su imagen a pesar de los anuncios como el presente en que se promete depuración de los corrompidos

La Policía ha sido considerada desde hace muchos años como una de las instituciones más corruptas del Estado, y la decisión impulsada por el Gobierno para combatir esa lacra que empaña a la que debía ser un ejemplo de transparencia y honestidad es buena.

La depuración de corruptos se ha iniciado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico inmediatamente después de los salvajes acontecimientos de Santa Cruz, en los que un grupo de colombianos, apoyado por policías y ex policías nacionales, acribilló a balazos a seis personas, tres serbios y tres bolivianos, en un operativo calificado por las autoridades como un ajuste de cuentas del narcotráfico.

El tratar de depurar de corruptos a la institución del orden es una buena noticia, como las muchas similares que se han dado a lo largo de la historia policial, pero cuyas acciones no han logrado el objetivo deseado.

El problema de la Policía es estructural y la corrupción está enquistada en todos los niveles de esa institución en cuyas manos se encuentra, paradójicamente, la custodia y protección de los ciudadanos para evitar que sean blanco de la delincuencia que campea impune en calles, plazas y avenidas de las ciudades del país.

No hay muchos motivos para creer que a partir sólo de este proceso depurador, la Policía Boliviana se convierta en una institución virtuosa si antes no se adoptan drásticas medidas que pasen por una verdadera concienciación ética y moral de los formadores y estudiantes para policías. Quizás ni así se lograría el imperio de la honestidad en esa institución, cuya gran parte de sus integrantes aumenta su bienestar con dineros de coimas de una población que tampoco encuentra mayores problemas en sobornar para ser disculpada de violaciones a normas como las de tránsito, y de ahí para arriba.

Cultivar una cultura de honestidad será sin lugar a dudas una tarea titánica que deberá estar precedida por el ejemplar comportamiento de autoridades de alta jerarquía no sólo en la Policía, sino también de los otros órganos del Estado, quienes tendrán que practicar principios morales que las inhiban de crear compromisos de silencio con funcionarios de las fuerzas del orden, jefes o subalternos, para no perder autoridad moral alguna.

Tampoco deberán dejar sin procesos a quienes, usando uniformes, han agredido, atemorizado y violado los derechos humanos de ciudadanos bolivianos, incluso llegando a disparar sus armas de fuego como sucedió contra periodistas de Unitel o PAT, en septiembre y noviembre de 2009, sin que los responsables —que se supone están identificados— sufran sanción alguna.

Mientras este tipo de situaciones no sean aclaradas y sus autores continúen sin castigo alguno, tampoco será posible alcanzar la utópica esperanza de contar con una Policía impecable, respetable y creíble y, lo que es más, que goce de la confianza de la sociedad.

A pesar de ello, cualquier acción que se haga para reducir la corrupción policial y de otras instituciones será siempre bienvenida.

el muy importante diario El País de Madrid se hace eco de un texto rubricado por Carlos Mesa "Evo pierde el halo de mito intocable" o nacionalizacione

A diferencia de la acción de mayo de 2006 dirigida a la "nacionalización" de las petroleras, por alguna razón inexplicable los militares prefirieron saltar alambrados en vez de entrar por la puerta principal como hizo el presidente Evo Morales para anunciar la compra de las acciones de las empresas eléctricas. De igual modo, a diferencia del 2006, los bolivianos recibieron la noticia del control estatal de cuatro empresas eléctricas con la más absoluta indiferencia, salvo los trabajadores de ELFEC (eléctrica de Cochabamba, también "nacionalizada"), pues en este caso los afectados fueron ellos, propietarios de casi el 80 % de las acciones de la compañía.

La respuesta de las transnacionales tocadas no se hizo esperar. Gran Bretaña expresó su "decepción" por la medida que afectó a Ruelec y comenzó a estudiar un arbitraje. Francia, tras subrayar su respeto a la decisión de Morales, ha anunciado también la posibilidad de ir a un arbitraje si la compensación que se ofrezca a la empresa francesa GDF Suez no es justa.

El modelo nacionalizador de Morales es peculiar, se trata de la compra del paquete de acciones de las afectadas a precios establecidos unilateralmente, aunque supuestamente previa negociación con las empresas. Pero, como en 2006, la medida que ya se preveía, se ejecutó o antes de lo previsto, o sin cumplir las condiciones que el gobierno había adelantado en negociaciones preliminares a las interesadas.

En el caso de las petroleras, estas no dejaron el país y siguen operando aunque en versión ralentizada, como hacen Petrobras, Repsol, Total, British Gas y British Petroleum. A cuatro años de la medida, Bolivia produce un 20% menos de gas para la exportación, importa gasolina y diésel, subvenciona el gas doméstico, y a pesar de ello afronta un serio desabastecimiento de gas licuado para el consumo familiar, sin contar con el hecho de que un presidente de YPFB (la estatal del petróleo) está preso desde febrero de 2009 tras un escándalo de corrupción que estuvo sazonado con una muerte y un maletín con 400.000 dólares que se entregó en una casa del mencionado funcionario, quien era entonces el número dos del partido de Morales.

El presidente constató esta vez que el país no reaccionó alborozado ni lo llevó a la cumbre de la popularidad como entonces. La repetición del libreto mediático esta vez no funcionó. Sin rédito político tangible, lo que Morales debe evaluar son los costos. De modo preliminar se menciona que esta última operación puede significarle mucho más de 100 millones de dólares de erogación, que probablemente se cubran con un préstamo del Banco Central y salgan de las reservas internacionales del país, lo que ha producido ya una polémica, pues de hacerse sería una operación ilegal, dadas las restricciones para el uso de reservas en la normativa boliviana. El vicepresidente García Linera ha estimado que el proceso nacionalizador en su conjunto puede costarle al país alrededor de 1.000 millones de dólares, algo así como el 6 % del PIB.

No es una reflexión menor constatar algunos elementos que sazonan el momento en que se tomó la decisión de hacerse con las eléctricas. Las empresas generadoras se han estatizado cuando la curva entre oferta y demanda está a punto de cruzarse, lo que exige fuertes e inmediatas inversiones en el sector si Bolivia no quiere vivir la experiencia venezolana de cortes de energía en el mediano plazo. Parece claro, además, que esta nueva acción ratifica que no hay argumentos para que empresas internacionales inviertan en Bolivia. Por segundo año consecutivo las inversiones privadas han disminuido y siguen siendo las más bajas de América del Sur tanto en términos absolutos como relativos. La Constitución no ayuda, por el contrario, se reafirma en los principios de la autonomía económica del país para encarar los grandes desafíos que tiene en áreas como la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura vial y la transferencia tecnológica, pues en su artículo 320, II, establece: "Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción". En el caso de la explotación de recursos naturales la Carta Magna dice en su artículo 351, II: "El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país". No parece que un inversor extranjero le entusiasme demasiado la idea de que la totalidad de sus ganancias deban reinvertirse en Bolivia, más aún cuando ninguna nación democrática de América Latina plantea tal restricción, muchas son muy favorables a la inversión externa y algunas poseen recursos tan o más variados que los que tiene Bolivia. La limitación en cuanto a la reinversión de utilidades es tan amplia que por inferencia se podría concluir que la obligación de reinvertir, vale tanto para la explotación de recursos naturales como materia prima, así como en su fase de valor agregado e industrialización.

El cuadro se completa con problemas en otros sectores. La italiana Telecom estatizada en 2007 mantiene un juicio internacional con el gobierno sobre el monto de compensación de su paquete de acciones. La inversión minera más grande del país, San Cristóbal, a cargo de la japonesa Sumitomo, afronta una demanda de las comunidades indígenas del departamento de Potosí que exigen un pago por el uso de aguas fósiles, lo que provocó un bloqueo de vías férreas y el sitio a la sede de la empresa por varios días. La empresa hindú Jindall no ha comenzado a desarrollar el complejo de hierro del Mutún, que le concedió el gobierno de Morales hace tres años y medio, y el contrato está al borde de la rescisión.

¿Por qué, en este contexto, la lógica de Morales no cambia? Primero, porque tanto él como su vicepresidente, creen que la estatización de la economía y el control de los recursos naturales será una panacea para Bolivia. Es una convicción intuitiva en un caso y fuertemente ideológica en el otro. Segundo, porque las condiciones de la economía boliviana siguen siendo buenas ante un sostenido nivel de precios internacionales en los tres rubros más importantes de exportación; gas, minerales y soja. No son las cifras fantásticas de 2008, pero son lo suficientemente buenas como para que los indicadores macroeconómicos (escrupulosamente liberales en su manejo), permitan prever para el 2010 un crecimiento del PIB por encima del 4 % y un déficit muy próximo a cero.

El problema es que la ventana de oportunidad no será indefinida. En estos años la matriz productiva sigue anclada en las materias primas y la apertura de mercados e incentivos a la inversión no existe. En algún momento Bolivia tendrá que pagar la factura. Hay dos elementos más. El tamaño de la economía boliviana no permite encarar desafíos multimillonarios como los que requiere el país para romper ese circuito perverso. La capacidad de ahorro es muy baja y, por tanto, el excedente no alcanza para dos tareas: la primera, imprescindible, una inversión social sostenida, y la segunda, muy importante, una adecuada orientación de la productividad.

Contra todo pronóstico, a cuatro meses de iniciado su segundo mandato, Morales comienza a perder su halo de mito intocable. Su afirmación sobre los pollos alimentados con transgénicos, su acusación contra el PP español de golpista, su negativa rotunda a un acuerdo con la UE "porque Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales" y su particular explicación a los gays españoles lo ha desgastado en el ámbito internacional. El comienzo de un descontento de los sectores tradicionalmente masistas, que no ven cambios reales en su bienestar y en sus ingresos, lo está desportillando también en Bolivia. Todo parece indicar que Morales tocó techo y que a partir de ahora está obligado a hacer gestión y mostrar resultados a la gente.

Los soldados que tomaron las plantas eléctricas ya están en sus cuarteles. Tanto ellos como la mayoría de los bolivianos, comienzan a tener en la boca el sabor del desencanto.

Carlos Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia.

mientras en Bolivia peleamos por un 5% magro, en Chile, gobierno de derecha, neoliberal y oligarca, si se quiere se asegura un ingreso ético y social

Bitar, Cristina
Arrebatándoles otra bandera

El Gobierno estudia un proyecto que permitirá asegurar a todos los chilenos un ingreso ético familiar que, según la información de los medios de comunicación, sería de 240 mil pesos, el cual sería anunciado en el primer mensaje presidencial del próximo 21 de mayo. Esta idea significa un salto gigantesco hacia el desarrollo y colocaría al gobierno de la Coalición por el Cambio en la vanguardia de la protección social a nivel internacional, con un liderazgo evidente en nuestro subcontinente latinoamericano.

Tradicionalmente la centroderecha ha sido vista como un sector político partidario del libre mercado y que está muy lejos de la izquierda en lo que se refiere a políticas sociales. Más aun, la caricatura los muestra comopartidarios del “chorreo” y contrarios a todo lo que vaya más allá delsimple incremento de los niveles de ingresos que trae aparejado el crecimiento económico. Por lo mismo, desde siempre ha sido tachada por sus adversarios como un grupo insensible a los temas sociales.

Este ingreso ético significa un cambio de paradigma de consecuencias políticas impredecibles y muestra, una vez más, la decisión delPresidente Sebastián Piñera de arrebatarle las banderas a la izquierda. El paquete de financiamiento de la reconstrucción ya demostró que para este gobierno los temas tributarios no son tabú y que ve los impuestoscomo un simple instrumento de política económica y no como una cuestión de principios. De hecho, la decisión de financiar en parte la reconstrucción con un alza de tributos ha llevado a la izquierda a un cuestionamiento severo, pues ellos no fueron capaces de tomar medidascomo las que sí está tomando este gobierno de centroderecha.

Ahora avanza más allá y se mete al corazón de lo que fue el sello de la Presidenta Bachelet, esto es, la red de protección social. No hay duda de que destinar, como ha trascendido, 2 mil millones de dólares a asegurar un ingreso mínimo familiar, situándolo en el orden de los 500 dólares, saca definitivamente este tema del patrimonio de la izquierda y lo convierte en una prioridad de Estado, que la centroderecha asume con el mismo énfasis, pero incluso con la pretensión de hacerlo con mayor eficiencia y eficacia que las que en su momento tuvo la Concertación.

Las últimas elecciones presidenciales, incluida la más reciente en que finalmente la Concertación fue derrotada, significaron siempre para la UDI y Renovación Nacional la dificultad de tener que enfrentar verdaderas campañas del terror social. Se dijo, en su momento, de Lavín y luego del propio Sebastián Piñera, que un triunfo de ellos ponía en grave riesgo la protección social y los derechos de los trabajadores. Se anunciaron cosas tan descabelladas como el fin de subsidios, de la educación pública, de la salud pública y de los derechos laborales más básicos. Esos vaticinios fueron siempre un escollo duro para la oposición de entonces, pues se sembraba al menos la duda, y mucha gente para la cual el apoyo del Estado es vital prefería seguir el camino seguro antes que arriesgarse con esa derecha tachada de insensible.

El cambio es demasiado profundo para anticipar sus consecuencias, pero lo que durante años fue una disputa que se jugaba —por decirlo de una manera gráfica— en una cancha inclinada por el pasado y los prejuicios sociales, a partir de este gobierno y gracias a sus primeras políticas, se convierte de ahora en adelante en una disputa en que ya no caben las caricaturas y en que la Concertación necesitará “mojar la camiseta” bastante más de lo que hizo hasta ahora. Con esto, más que ganar la Coalición por el Cambio, ganan el país y los más pobres.